El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, amenaza con acudir a la Corte Suprema por la coparticipación federal. La operación mediática para blindar al PRO lleva detrás el sabor amargo de la falta de argumentos legales y el hecho de que Mauricio Macri le transfirió $ 86.000 millones más de los que necesitaba, a costa de desfinanciar al Estado nacional.
“La aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de $ 65.083.500.000″, repitieron los voceros periodísticos de la Ciudad. La crítica refiere a la baja de la “copa” del 3,5% al histórico 1,4% a cambio del envío de un monto de $ 24.500 millones en compensación por el traspaso de la Policía Federal.
Lo que esconde la batalla que se trasladará al máximo tribunal no se trata de hechos menores. Larreta intentará que los ministros judiciales declaren nula una ley que, como tal, fue debatida por los representantes de las 24 jurisdicciones argentinas. A cambio, solicitará que quede en vigencia un decreto simple de Mauricio Macri, con el que se aumentó arbitrariamente el 18 de enero de 2016 las transferencias al 3,75% (aunque la firma del pacto fiscal lo redujo al 3,5%).
Este pedido tiene doble filo, puesto que le otorga a Alberto Fernández la posibilidad de reclamar volver al status quo previo, que rigió por 13 años desde el decreto 705/03. Con esa norma redactada por el presidente previsional Eduardo Duhalde, Nación le cedió a Ciudad 1,4% de la coparticipación.
La ley sancionada el 10 de diciembre de este año le obliga a Larreta a volver al 1,4% y recibir $ 24.500 millones con destino específico para la Policía de la Ciudad. El regalo que le hizo Macri ni siquiera aclaraba cuál debía ser el uso de ese dinero. Ahora sí deberá rendir cuentas, razón por la que quizás haya tomado una actitud beligerante.
Alberto Fernández tomó la decisión luego de un detallado informe de la Secretaría de Provincias, dependiente del Ministerio del Interior, en el que aclaran que Macri le transfirió a Larreta $ 86.000 millones más de los necesarios en cuatro años.
La oficina de Silvina Batakis estimó que los gastos netos originados en la transferencia de la fuerza de seguridad totalizaron $ 6.826 millones en 2016, pero recibió de parte del Tesoro $ 17.386 millones, lo que implicó un sobrante de $ 10.560 millones. Al año siguiente el giro excedente fue de $ 15.268 millones, en 2018 de $ 23.823 millones y en 2019 estaba proyectado en $ 36.617 millones. Esto implica que los excesos de recursos nacionales acumularon $ 86.269 millones en el período 2016/19.
La fluctuación se debe a que la transferencia por coparticipación varía de acuerdo a la recaudación estatal, mientras que los gastos en seguridad dependen de los incrementos salariales decididos y de la inflación. Justamente por esta razón y porque Macri nunca se molestó en calcular los gastos reales que iba a precisar Larreta fue que en 2016 se hubiera necesitado una “copa” de 2,32%, en 2017 de 2,22%, en 2018 de 2,04% y en 2019 de 1,98%. Todos estos guarismos se alejan leguas del 3,75% que el expresidente de Cambiemos definió arbitrariamente.
El caudal de información inclina la balanza en contra del gobierno del PRO. La necesidad de recibir fondos en exceso y sin un destino específico no se justifican con argumentos que dejen de lado la multimillonaria pauta que genera un blindaje mediático para el intendente que militó la apertura de la cuarentena durante una preocupante cantidad de contagios y muertes por coronavirus en su distrito. Tampoco pueden esquivarse los negociados, otro de los denominadores comunes en la jurisdicción más rica por habitante del país.
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