La Corte Suprema de Justicia convocó nuevamente a una audiencia de conciliación entre la Ciudad y la Nación para intentar que se pongan de acuerdo en el juicio por el traspaso de fondos coparticipables de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, la audiencia será el 10 de marzo y fueron convocados el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Es un último intento antes de que la Corte dicte sentencia en el conflicto.
La Corte debe fallar en torno a un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a la administración porteña, en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación.
El conflicto se dio porque en ese mes los policías bonaerenses realizaron una protesta por mejores ingresos, para lo cual el gobierno provincial de Axel Kicillof destinó mayores fondos que le derivó el Gobierno nacional. El gobierno nacional, primero por decreto y luego por ley, redujo las transferencias a las Ciudad en unos 65.000 millones de pesos
El Congreso convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad al considerar que los recursos traspasados durante el gobierno de Mauricio Macri eran excesivos para mantener la Policía de la Ciudad. La nueva norma estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y las autoridades porteñas sobre el monto a destinar para la Policía, modificación acordada en la Cámara de Diputados.
En diciembre del 2020, el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta advirtió que deberán suspenderse las grandes obras de infraestructura en la Capital Federal para hacerle frente al déficit que generó el recorte.
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En abril del 2021 la Corte Suprema de Justicia citó a la Ciudad de Buenos Aires, que judicializó el tema, y a la Nación a una audiencia de conciliación, sobre la base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede "intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos".
Ese artículo establece además que en cualquier momento "podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación". Hubo dos reuniones y en junio abandonaron las reuniones. Decidieron restablecer los plazos procesales, de modo que ahora el gobierno nacional tienen 60 días hábiles para contestar la demanda porteña y luego la Corte estará en condiciones de dictar una sentencia. Este jueves la Corte vuelve a convocarlos en una audiencia privada.
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