La cautelar de la Corte a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación le entrega una masa de fondos clave en un año electoral. Esta definición que salió con la totalidad de los cuatro votos será en desmedro de los recursos que administra Nación. Cuando presidente, Mauricio Macri le elevó estas transferencias automáticas a Horacio Rodríguez Larreta al 3,5% para que se haga cargo del paso de los efectivos de la Policía Federal a la porteña. Esto fue luego recortado por el gobierno de Alberto Fernández al 1,4% histórico que poseía el distrito.
En concreto, la resolución que aún no es de fondo aumenta los recursos coparticipables de la CABA al 2,95%. Fue justamente el jefe comunal el que judicializó el conflicto tras no haber llegado a un acuerdo en mediaciones. Desde el Ministerio del Interior elevan a $ 273.000 millones el monto para Seguridad, lo que implican $ 183.000 millones extra que pasará a disponer el jefe de Gobierno porteño para 2023.
Estudios de dos años atrás, cuando el Presidente retrajo la alícuota, precisaron un exceso en la transferencia de recursos nacionales acumulados de $ 86.269 millones para el período 2016/19 a pesos corrientes de ese año. El informe que había estado a cargo de Silvina Batakis cuando manejaba una secretaría en Interior estimó que los gastos netos originados en la transferencia de la fuerza de seguridad totalizaron $ 6.826 millones en 2016, pero en ese período recibió de parte del Tesoro $ 17.386 millones, lo que implicó un sobrante de $ 10.560 millones. Al año siguiente el giro adicional fue de $ 15.268 millones, en 2018 de $ 23.823 millones y en 2019 de $ 36.617 millones en pesos corrientes.
La fluctuación se debe a que la transferencia por coparticipación varía de acuerdo a la recaudación de la AFIP, mientras que los gastos en seguridad dependen de los incrementos salariales decididos y de la inflación. Justamente por esta razón desde Interior calcularon que la Ciudad en 2016 hubiera necesitado una “copa” del 2,32%, en 2017 de 2,22%, en 2018 de 2,04% y en 2019 de 1,98%. Esos guarismos se alejan del 3,5% que el expresidente de Cambiemos había definido.
Por esto, Nación había definido en 2020 volver al 1,4% de “copa” y sumarle un monto fijo actualizable con destino específico que cubra los gastos en seguridad de la CABA. Esto fue resaltado, dado que la coparticipación puede utilizarse para cualquier fin, lo que habilita discrecionalidades.
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Voceros de la Ciudad resaltaban que el movimiento de Fernández les había implicado para 2021 una pérdida de $ 65.083.500.000. En ese momento, Larreta instauró el impuesto a las tarjetas de crédito radicadas en la jurisdicción, que aclaró buscarían cubrir esa brecha y que prometió dar de baja si volvía a contar con los recursos adicionales que le había dado Macri. No resulta menor que la acordada del máximo tribunal le dio 2,95% a la CABA, en vez de 3,5%, lo que genera la duda de si Cambiemos le había girado de más cuando estaba a cargo de la Casa Rosada.
Larreta no demoró en plantear que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible”.
La merma de recursos coparticipables nacionales para las 23 provincias que esta definición de la Corte implica, y en un año electoral, generó reacción de gobernadores. El titular del Ejecutivo de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró que “va en contra del federalismo y es inconstitucional ya que Capital Federal no es una provincia”. “Necesitamos de un federalismo real con recursos para que todas las provincias podamos seguir desarrollando nuestros lugares para el bienestar de la gente”, pidió por Twitter.
Raúl Jalil, de Catamarca, coincidió con que “representa un golpe al federalismo. Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación”. El propio Alberto Fernández convocó a los gobernadores para ver cómo abordar el tema colectivamente.
“Ceder para crecer”
El Coloquio de IDEA, que reúne a los CEOs de las empresas más opulentas del país, publicó su informe de propuestas dos meses después de haber cerrado su encuentro, esta vez titulado “Ceder para crecer”. Traducido por los propios organizadores en la necesidad de buscar consensos básicos entre los distintos actores políticos, económicos y sociales para dejar atrás los desencuentros, los ejecutivos dicen buscar un acuerdo común para desarrollar reglas claras que permita un crecimiento sostenible, con mayor inversión y empleo privados e inclusión social.
El reporte de 56 páginas plantea, en primer lugar, modificar el esquema de multas laborales, posibilitar acuerdos entre entidades gremiales y empresas e incorporar a receptores de planes sociales al empleo privado formal.
En cuanto al rubro educativo, las corporaciones pretenden tener más injerencia dentro de las aulas en “compañía” del Estado. Además, proponen trabajar en la “creación de carreras cortas y la formalización de las acreditaciones de los aprendizajes que el mercado laboral requiere” y “el fortalecimiento de los programas y la educación en oficios que el mercado laboral requiere”.
Sobre el Ejecutivo, los integrantes de IDEA proponen “modificar el artículo 24 de la ley 26.122 y establecer que las dos cámaras del Congreso deben aprobar expresamente cada DNU dentro del plazo de 60 días corridos desde su dictado”. Si una de ellas no se pronuncia por la afirmativa dentro de ese plazo, el decreto quedará derogado. Esto le otorgará mayor inestabilidad a las resoluciones que pueda tomar el Presidente, lo cual volverá imposibles algunas tareas si no cuenta con el apoyo necesario en el parlamento.
Ante la altísima desconfianza de la sociedad al Poder Judicial, IDEA plantea “encarar una transformación digital integral de la Justicia que mejore el acceso a la información de manera abierta, transparente y sistematizada”. Esto no incluye una reforma judicial de fondo ni recambio de magistrados acusados públicamente de connivencia con empresas.
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