La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, presidida por Víctor Romero (UCR-Juntos por el Cambio), inició hoy el estudio de una serie de proyectos presentados por legisladores de diferentes bancadas que buscan proteger a los consumidores que se suscriben a planes de autoahorro.
En el inicio del debate, la diputada Graciela Ocaña (PRO) defendió una iniciativa de su autoría que declara la emergencia económica y financiera sobre los planes de ahorro previo para la adquisición de automotores por el término de 12 meses.
La legisladora reseñó que "el proyecto tiene su origen en el año 2020, frente al contexto de la pandemia" y que en la situación actual sigue "vigente".
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“Decidimos representar el proyecto porque entendemos la crisis económica y la situación que atraviesan muchas personas que adhirieron a un plan automotor y se les hace imposible pagar las cuotas. Se necesita trabajar en una ley que defienda al consumidor y le dé transparencia”, señaló.
"El contexto de inflación genera que las cuotas de los planes de autoahorro se disparen. Como consecuencia, la posibilidad de cumplir con los pagos para acceder a un automóvil resulta imposible para las familias", dijo Ocaña.
El diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) también expuso sobre un proyecto de ley de su autoría, que declara la emergencia crediticia para planes de ahorro aplicable a los contratos de compraventa de vehículos automotores, y remarcó que “el consumidor está indefenso frente al abuso de los planes de autoahorro”.
En el mismo sentido, el diputado Marcos Carasso (UCR) introdujo su proyecto que propone un régimen de ordenamiento de las operaciones de consumo de vehículos bajo sistemas de auto ahorro, y advirtió que las empresas “inducen al autoplan porque la financiación es el secreto de estos planes”, que “hay gente desesperada porque no pueden pagar las cuotas" que “el sueño del auto se convierte en una pesadilla”.
Invitado por el diputado Carasso, expuso también el abogado Alexis Aymar, quien retrató los casos que se registran en la provincia de Córdoba y la situación de los ahorristas afectados, cuyas cuotas han duplicado la inflación del último año.
De cara a la continuidad del debate parlamentario del tema, el titular de la comisión propuso convocar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Secretaría de Comercio, áreas del Estado encargadas de la regulación y control de las empresas que utilizan este esquema de financiación.
Con información de Télam
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