El Senado de la Nación convirtió hoy en ley un proyecto que prorroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa “puente al empleo” referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.
La iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 26 en contra, ya que fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados, mientras Juntos por el Cambio votó negativamente.
El proyecto es uno de los cuatro expedientes que se encuentran en estudio en el Congreso y que fueron requeridos por el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
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Los otros tres son el de bionanotecnología, el de agroindustria y el de la industria automotriz (dictaminado ayer en un plenario de Comisiones de la Cámara alta) que contemplan beneficios impositivos.
La iniciativa, que en la Cámara baja fue consensuada entre el oficialismo y la oposición, establece un impuesto especial sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial.
En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5 por ciento.
En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será del 10 por ciento.
En tanto, los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota del 20 por ciento.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura, la oficialista formoseña María Teresa González, aseguró que “la orientación de este proyecto está basada en cuatro objetivos que son fundamentales”.
En ese sentido, enumeró la de “continuar con repunte de la industria de la construcción como motor dinamizador economía”, la “generación de nuevos empleos registrados y capacitados”; el “aumento de la recaudación a través de la regularización impositiva” y, por último, “el ingreso genuino de divisas”.
Además, mencionó que “el 63 por ciento de las empresas que realizan obras privadas prevén que el nivel de actividad se mantendrá en los próximos tres meses” y que “el 23 por ciento de estas empresas espera el aumento de sus planteles para el mismo trimestre”.
En cambio, el radical chaqueño Víctor Zimmermann dijo que Juntos por el Cambio no iba a apoyar el proyecto porque “estamos debatiendo la prórroga de un blanqueo que les hace un favor a aquellos que evadieron y llevaron la plata afuera”.
“Les estamos dando beneficios para los que evaden. No incentiva el comportamiento fiscal, es un nuevo parche que beneficia a un sector que fue claramente beneficiado por los costos de la construcción”, afirmó Zimmermann.
La senadora Alejandra Vigo por Córdoba Federal, dijo que iba a apoyar el proyecto, pero cuestionó la “falta de cordura que impera en esta gestión”.
“Nos tienen sometidos a una incertidumbre permanente. En menos de un mes cambiaron a tres ministros de economía y la sociedad sigue en estado de zozobra”, remarcó.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista riojano Ricardo Guerra, indicó que “esta norma incentiva la construcción y el acceso a la vivienda” y que “crea un programa de blanqueo para contribuyentes que tengan fondos no declarados”.
“Este proyecto de ley incentiva la industria de la construcción porque tiene un efecto multiplicador en la actividad y el empleo”, aseveró Guerra.
Con información de Télam
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