La prohibición de que empresas o personas con negocios, domicilios o bienes radicados en paraísos fiscales accedan a asistencia estatal se apresta a conseguir dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto de ley de "Prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal", cuya autoría es del diputado cordobés Pablo Carro, se tratará este martes en la Cámara baja, con el guiño del presidente de la Comisión en la Cámara baja, Carlos Heller, y el jefe del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
La iniciativa, según el texto al que accedió en exclusiva El Destape bloquea la posibilidad acceder a cualquier ayuda estatal durante la emergencia sanitaria a "personas humanas o jurídicas residentes en el país, que tengan algún tipo de domicilio; o registro tributario de bienes físicos o financieros en países no cooperantes o jurisdicciones de baja tributación" y a condenadas por infracciones del Régimen Penal Tributario.
"Fue una iniciativa casi de sentido común. Después se la fue puliendo", explicaron a este medio fuentes vinculadas en el armado del proyecto. Los encargados de darle forma a la iniciativa para que pase con éxito por la gimnasia parlamentaria fueron los diputados Kirchner y Heller. Luego se reclutó el apoyo, como el del diputado Hugo Yasky, quien confirmó a El Destape que no formó parte del armado pero que acompaña la propuesta del diputado Carro.
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De ese pulido surgió la ampliación del espectro a limitar. En un principio estaba pensando solamente para empresas, pero se incluyó a personas humanas con negocios en paraísos fiscales o probada evasión fiscal. A estas se les impedirá cualquiera asistencia económica estatal, subsidio, moratoria, condonación de deuda o préstamo con tasa de interés diferenciada. El oficialismo se manifestó confiado ante este medio en que habrá dictamen favorable a la medida.
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"Es necesario una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que habiendo cumplido con todos los tributos argentinos puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”, argumentó Carro. El proyecto lleva también las firmas de los diputados del Frente de Todos Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito y Juan Emilio Ameri.
El detalle de la prohibición
El proyecto plantea diferenciar puntualmente a las firmas para la ayuda estatal brindada en el marco de la emergencia sanitaria. Tal como informó en exclusiva El Destape, la medida apunta a los millonarios rescates aplicados por el Gobierno en el actual contexto de pandemia, principalmente el programa ATP, que llega a empresas con causas de evasión fiscal o cuentas offshore. "En la Argentina existe una investigación en curso sobre 950 cuentas offshore que la AFIP descubrió recientemente, y que evidencian la protección de la gestión nacional anterior a grandes evasores. Las empresas que realizan estas prácticas, no pueden beneficiarse con la ayuda del Estado” indicó Carro.
De acuerdo con el artículo 2 del proyecto, "son sujeto de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país, que tengan algún tipo de domicilio y/o registro tributario de bienes físicos y/o financieros en países no cooperantes o jurisdicciones de baja tributación". Esta diferenciación se realizará en los términos "de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado 2019 y sus modificatorias, y/o a aquellas con probada evasión fiscal, de acuerdo a la normativa establecida por parte de la AFIP, en lo que concierne a las regulaciones tributarias argentinas".
Quedan excluidas automáticas de cualquier ayuda estatal empresas y personas humanas condenadas por cualquiera de los delitos previstos por el Régimen Penal Tributario, o a aquellas que hayan sido sancionados con multas por infracciones dolosas. "Dichos supuestos se entenderán configurados cuando exista una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada", explica la norma. El proyecto utiliza como “paraíso fiscal” la terminología actualizada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con excepciones como la Teleeducación.
Cómo se aplica en otros países
Cada año se pierden 500 mil millones de dólares en el mundo en impuestos de corporaciones multinacionales, que abusan de la ley para pagar menos impuestos de los que deben. Esta cifra supone 250 veces más que los 2 mil millones de dólares pedidos por Naciones Unidas para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus en los países más pobres, una cantidad que, por cierto, aún no ha sido reunida.
La tendencia en la Argentina se acentuó a partir de la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), también denominadas como las nuevas offshore argentinas. Son una estructura societaria que surgió por una ley que Cambiemos promovió en marzo de 2017 y que permite inscribir una compañía en 24 horas. Esta velocidad para el surgimiento tiene su equivalente en el casi nulo control oficial que se les aplica. De esta forma, son un mecanismo que puede ser utilizado con facilidad para ilícitos, como evasión y lavado de dinero. También pueden servir para defraudar socios, trabajadores, proveedores y hasta organismos públicos. Paradójicamente, la necesidad de que la distinción de la ayuda estatal sea por Ley tiene que ver con cerrar toda puerta jurídica a que estas empresas con negocios en guaridas fiscales consigan en la Justicia alguna excepción que les permita litigar contra el país para recibir los aportes estatales.
Durante este año, países como Canadá, Polonia, Dinamarca, Francia y España avanzaron en iniciativas que van en el mismo sentido; es decir, la restricción al acceso de ayudas públicas a todas aquellas empresas con sedes en paraísos fiscales o que utilicen esas jurisdicciones para evadir impuestos. En Chile la semana pasada la comisión de Hacienda del Senado resolvió dejar a afuera del fondo por el COVID-19 a empresas que tengan sede o domicilio en paraísos fiscales.
En la Unión Europea, Francia, Polonia y Dinamarca han propuesto excluir de las ayudas financieras por la crisis del coronavirus a compañías registradas en paraísos fiscales. Italia estudia unirse a la iniciativa, después de que el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, se sumara a las voces que piden poner coto a estos refugios financieros.
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