La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados finalizó e la ronda de consultas sobre la reforma a la ley de alquileres, donde expusieron asociaciones de inquilinos y de corredores inmobiliarios. Ahora comenzará una etapa de búsqueda de acuerdo parlamentario sobre la diagramación de un proyecto que estará centrado en la controversia sobre la extensión de contratos y su actualización.
Durante la última reunión de la comisión que preside Cecilia Moreau expusieron representantes de la Universidad Nacional Rosario; Inmobinet; Consultora Sarandí; la red de Derechos Humanos de Corrientes; la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un techo digno y de la Fundación Amadeo Capital Humano-Chaco. También participaron expositores de la dirección de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella; de la Cátedra Derecho a la Vivienda de la Universidad de Avellaneda; del concejo deliberante de Rosario; de la Fundación Haciendo; de Provocaciones Urbanas–Facultad de Ciencia Política-Universidad Nacional de Rosario y del Instituto de Investigaciones para el desarrollo territorial y del hábitat humano-Universidad Nacional del Nordeste/Conicet.
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También asistieron representantes de Hipotecados UVA; de la Asociación Inquilinos San Juan; de las universidades de Lanús y San Martín; de la Asamblea de Inquilinos de Tandil; de la secretaria Ademys y de la CTA Capital. Tras concluir las reuniones informativas, que terminó con la participación de un centenar de expositores de las asociaciones de entidades de inquilinos, de martilleros, cámaras inmobiliarias y miembros de Defensa del Consumidor, ahora dará comienzo el debate interno entre los legisladores.
Diputados deberán delinear un nuevo proyecto
Los diputados acordaron comenzar a analizar a fines de marzo la posibilidad de modificar la ley de alquileres ante los problemas que empezaron a aparecer en el sector. Se especulaba con que esta semana iba a definirse el anuncio de dictamen para avanzar en el Congreso. Sin embargo, los plazos se extendieron y desde la comisión legislativa encargada del tema son prudentes para fijar una fecha exacta en que esto sucederá, aunque se espera se concrete en el muy corto plazo.
Todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados: los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, y la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
Desde la óptica de los inmobiliarios, la rentabilidad de los propietarios es la más baja de la historia producto de la ley de alquileres, y por lo tanto exigen que se libere la actualización de los precios para aumentarlos por encima del índice. También fueron determinantes respecto al plazo del contrato de alquiler, y plantearon que vuelva a ser de dos años.
En ese sentido, Juntos por el Cambio plantea que se vuelva a los contratos bajo ese periodo de tiempo y se cambie la fórmula de actualización de los contratos para permitir que los ajustes puedan realizarse en unidades de tiempo menores. El Frente de Todos, en tanto, plantea la creación de un incentivo para quienes pongan viviendas en alquiler y un impuesto a quienes no lo hagan, aunque la coalición opositora anticipó que no accederá a este último punto.
Según se pudo recoger desde la mirada de los inquilinos a través de las diversas exposiciones, la concepción del problema es opuesto. Por eso pidieron por una regulación del precio inicial del alquiler con porcentaje sobre del valor fiscal de la vivienda, siendo este el único precio que el Estado regula y actualiza todos los años y por el que los propietarios pagan sus impuestos.
Además, solicitaron estrictos controles sobre sobre las inmobiliarias a través de la AFIP, la creación de una edición oficial de precios de los alquileres de vivienda vía Secretaría de Comercio y que se haga público el índice contrato locación según el Banco Central.
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