Tras un intenso debate, de casi tres horas, el oficialismo en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de gestión integral de envases, enviado por el Gobierno. Además, dictaminó este martes el proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas.
Pese a las críticas de la oposición, el Frente de Todos avaló el texto original, que fue defendido por funcionarios. Además de los representantes del Poder Ejecutivo, este martes expusieron especialistas, titulares de cámaras empresarias y una recicladora urbana.
Ahora resta que el proyecto sea debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y eso será este miércoles a partir de las 13, ya que fue incluido en la agenda. El punto más objetado fue la creación de una “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)” que prevé la iniciativa, más allá de que el viceministro de Ambiente, Sergio Federvisky, defendió que se aplicará a aquellos productores que no implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado el Ministerio.
Entre los objetivos, el proyecto busca aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y minimizar el impacto ambiental de los residuos; al tiempo de alentar a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de recolección, reciclaje y diseño de productos y envases con mayor nivel de reciclabilidad, mediante distintos incentivos.
El destino de la TAREP irá a crear un fideicomiso que será administrado por la banca pública y será destinado a fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización. Al cierre de las exposiciones de los invitados, Federvisky valoró el “compromiso del Poder Ejecutivo” en esta materia, porque “habla de la intención de que haya una política de Estado en materia ambiental”, política que “no se configura apenas con una ley”.
Acceso a la Tierra
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, se reunió de forma presencial y dictaminó el proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.
“Dictaminamos el proyecto de ley de acceso a la tierra, que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra, que establece un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. Ampliar derechos e impartir justicia para el campo que nos alimenta. Son familias que viven de la agricultura, es un medio financiamiento que les va a dar una mano”, señaló la diputada nacional y presidenta de la Comisión. En ese sentido, agregó: “El punto en cuestión es garantizar la estabilidad de las familias, va a traer beneficios a los circuitos de comercialización y en términos de salud también es algo básico. La democratización de los alimentos es clave, necesitamos que los productores puedan trabajar sus propias tierras. Un 75% no son prioritarios. También es necesario que se generan condiciones de manera sustentable y tener políticas que defiendan el desarrollo”.
“El fondo fiduciario trabaja sobre un punto que es el acceso a la tierra a través de tierras fiscales y el punto débil es que tiene un enfoque asistencialista y la idea es construir autonomía y que los créditos sean para garantizar sustentabilidad en el mercado. Segundo hay una tensión con la Ley Nacional 27.118 del 2014 de Agricultura Familiar que tiene cinco artículos no reglamentados y uno de esos el Banco de tierras fiscales. Creamos organismos que compiten entre sí y tratan los mismos temas”, cuestionó la legisladora radical.
En tanto, Claudia Bernazza (FdT) destacó: “El fondo fiduciario pueda también reunir tierras privadas”, y aclaró que “este proyecto tiene como objetivo un modelo de agricultura, un tipo de agricultura y el Estado nacional lo va a garantizar y tiene un montón de elementos que desde el sector privado no se puede dar”.
El Fondo Fiduciario está destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social. tiene como objeto facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.
El fiduciante será el Estado nacional, mientras que el fiduciario será el Banco Nación, como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable a los beneficiarios de la norma.
El beneficiario será el agricultor familiar que no sea titular de bienes inmuebles y esté debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). Además, debe tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.
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