El proyecto de Ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación argentina obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. De esta manera, podrá ser debatido en la próxima sesión de la Cámara alta.
El interbloque de Juntos por el Cambio decidió firmar en disidencia parcial debido a un desacuerdo sobre la aplicación de la denominada Cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que bloquea la posibilidad de que en el futuro se le pueda dar una mejor oferta a bonistas que no hayan entrado en la primera etapa de un canje. Esta instrumento se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y estableció la prohibición de pagar a los fondos buitres de manera voluntaria en mejores condiciones de aquellos bonistas que sufrieron quitas de hasta el 70%.
“No hay más negociación. Está cerrada. Es la oferta final. Ya lo dijo el Presidente (Alberto Fernández). Hacemos la ley para los tenedores en dólares bajo legislación nacional para que ese mensaje lo tengan los acreedores externos. Si, firmado el dictamen, el ministro Guzmán define una modificación como la que propone la oposición, la vamos a aceptar el día de la sesión”, aseguró el presidente de la Comisión, Carlos Caserio.
Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, reclamó “trabajar con la celeridad que requieren estos temas para evitar especulaciones” y propuso debatir el proyecto de Ley “la semana próxima”. La videoconferencia contó con la intervención del secretario de Finanzas, Diego Bastourre.
"Una de las novedades de la propuesta es que se incorporan las opcionalidades para títulos públicos en pesos y hay un artículo que plantea que para aquellos acreedores que no desean participar vamos a diferir los pagos hasta 31 de diciembre de 2021", explicó el funcionario.
Al explicar los alcances del proyecto, Bastourre señaló que desde el Ministerio de Economía esperan que "la mayoría" de los acreedores "opte por el canje". Además, recordó que la semana pasada se realizó "una operación de administración de pasivos" que permitió "reducir el monto total de la operación" previsto inicialmente en 4.104 millones de dólares, de 45 millones de dólares a 41 millones de dólares.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone un tratamiento similar a la propuesta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. Los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.
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