El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que depende de ANSES, fue llevado al límite de la quiebra por Cambiemos luego de cuatro años de desmanejos e ilícitos judicializados. Al mismo tiempo que consiguió reducir su patrimonio en un 50% para poder privatizar el régimen jubilatorio, la gestión macrista incluso destinó menos del mínimo para inversiones productivas, con lo que violó abiertamente la ley que lo regula.
La ley que creó el FGS en 2007 le entrega una función anticíclica, para que con su masivo capital genere un círculo virtuoso entre el crecimiento sustentable de la economía y los recursos del sistema previsional. Esta misma obliga a que al menos un 5% de su cartera (con techo del 50%) se destine a proyectos productivos, inmobiliarios o de infraestructura a mediano y largo plazo.
Desde sus inicios y hasta fines de 2015, el fondo destinó cerca del 15% de sus activos a este tipo de inversiones, pudo reconstruir El Destape. Esto se tradujo en la construcción de la central atómica Atucha II, las centrales energéticas Brigadier López y Barragán (que luego Mauricio Macri privatizó), infraestructura vial, programas de construcción de viviendas provinciales y Procrear, entre otros.
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La irrupción de Cambiemos y el nombramiento de Emilio Basavilbaso en ANSES cambió las reglas de juego por completo. El desinterés por cumplir con la ley, al igual que su abierta destrucción del patrimonio del Fondo le quitó poder de fuego a la que supo ser la segunda mayor caja del país (detrás del Tesoro). En ese período, el organismo pasó a seguir una lógica de rentabilidad financiera por sobre el fomento a la economía real.
Basavilbaso y los tres funcionarios amarillos que puso al frente del FGS coronaron un descenso de las inversiones productivas al punto que lo llevaron al 3%, en clara violación al límite mínimo del 5% establecido por ley, de acuerdo a los registros oficiales a los que pudo acceder El Destape.
La nueva estrategia ni siquiera estuvo abordada con buenas inversiones, puesto que destruyó la mitad del patrimonio medido en dólares en tan solo cuatro años, lo que duplicó los perjuicios. De 2008 a 2015, la valuación en dólares del FGS creció al 12% anual, al punto que se elevó desde U$S 25.000 millones a U$S 65.800 millones. Pero desde 2016 a 2019 se dilapidó a un ritmo del 9% promedio, ya que terminó el ciclo macrista con sólo U$S 34.800 millones.
La clave del proceso anticíclico radica en el sistema de reparto que rige en Argentina. A los jubilados les pagan los haberes los trabajadores con empleo en blanco. Como Cambiemos destruyó puestos de empleo y elevó la informalidad, generó un déficit cada vez más grande.
El economista Lisandro Cleri maneja las riendas del Fondo con el análisis claro de lo que demostró la experiencia: orientar la gestión de cartera del FGS hacia el financiamiento de proyectos estratégicos reporta múltiples beneficios. Uno de los principales consiste en mejorar la diversificación de riesgo de su cartera, lo que contribuye a la sostenibilidad misma del organismo.
Con esto en mente armó un ante proyecto para reestructurar el Fondo en su totalidad, lo que será debatido el martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en conjunto con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Cleri y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, consiguieron el aval de los gobernadores para que tenga un trato expeditivo a cambio de renegociar los mutuos que las provincias le deben al ente.
El primer objetivo de esta ley será frenar el drenaje patrimonial que heredó de Cambiemos. En segundo lugar podrá contar con una herramienta legal que impida que nuevas gestiones destruyan la mitad de los U$S 65.000 millones que servían de colchón de respaldo para todo el sistema jubilatorio argentino.
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