El Gobierno y las empresas de telecomunicación atraviesan el momento más tenso desde que el servicio se convirtió en esencial a mediados del año pasado. A los anuncios de aumentos no autorizados se sumó la nula aplicación de la Prestación Básica Universal (PBU), que fue otorgada a poco más de 80.000 personas, cuando el universo de posibles beneficiarios se proyecta a 19 millones. Las compañías recibieron un ultimátum para resolver el problema.
Hace algunos días se concretó una reunión entre los principales directivos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm. y los representantes de las empresas: el encargado de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, Hernán Verdaguer; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica de Argentina, Alejandro Lastra; y el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro para Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López. En un clima de alta tensión, el Gobierno le reclamó a estas compañías por el incumplimiento en la aplicación de la PBU.
Según pudo saber El Destape, al día de hoy, Movistar otorgó 81.000 PBU, Personal dio 1.000 y Claro apenas sumó 300 abonados. Cabe aclarar que el universo proyectado como potenciales beneficiarios alcanza a 19 millones de personas, entre los cuales se incluye a los jubilados que ganan el haber mínimo, trabajadores que cobren un monto equivalente a dos salarios mínimos, las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, así como también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas, y monotributistas sociales.
Además de la campaña de desinformación para evitar que los potenciales beneficiarios, las empresas utilizan diversos artilugios para no dar la PBU. Por ejemplo, Claro ofrece un plan 50 pesos más caro y con ese esquema de promoción incluyó a posibles usuarios de la PBU, otras empresas piden una declaración jurada y hasta solicitan que las personas movilicen a las oficinas de estas compañías, mientras que también se detectaron problemas a la hora de llenar el formulario, lo cual hace tedioso el proceso de inscripción.
Desde el 1 de enero entró en vigencia la PBU para servicios de telefonía, Internet y TV por cable, que fue dispuesta por el Gobierno a través del DNU que fijó un precio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil. La norma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables.
El ultimátum del Gobierno
Luego de explicarle el panorama a las empresas, el Gobierno le dio 30 días a estas firmas para que sumen a tres millones de personas de forma automática. De esta forma, se intentará dar comienzo a la masifcación de la PBU.
¿Qué se acordó? Las compañías poseen la base de datos de todo el universo de posibles beneficiarios por categoría y segmentación a través del sistema prepago de carga semanal. Las empresas se comprometieron a migrar la información al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntys), para entrecruzar estos datos con la población objetivo. El Syntys le comunicará a las firmas el número final de potenciales usuarios para que les envíen un mensaje de texto y faciliten el acceso a la PBU.
Aumentos indebidos
Desde Enacom negaron la aplicación de un aumento en las tarifas de servicios de comunicación, luego del sorpresivo anuncio de las empresas sobre la alza que se aplicaría a partir de mayo. La tensión se profundizó desde el aumento no autorizado de enero, que pasó por encima del decreto que afirma que el precio de los servicios de telefonía, cable e internet "lo regula el Estado".
En este contexto, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dialogó con El Destape Radio y reveló que el Grupo Clarín fue el único que no devolvió el aumento no autorizado de enero. "Estamos con demandas cruzadas con el Grupo Clarín por el aumento no autorizado de enero", admitió López, y contó que "todos los días" le aplican multas a Clarín de 19 millones de pesos.
"Habría que sacarle la pauta a Clarín mientras no cumpla la ley", afirmó el funcionario. Y remató: ""Vamos a seguir el dialogo y le decimos a la población que no pague un peso del aumento de la factura de mayo".
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