Un plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto que establece un marco regulatorio de la ley de biocombustibles. El mismo propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol.
El despacho firmado en las comisiones de Energías y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por Juntos por el Cambio que quiere mantener el actual régimen de biocombustibles, tal como había sido votado en octubre pasado en el Senado.
El despacho de mayoría consiguió 49 firmas -28 en presupuesto y 21 en energía entre las dos comisiones- y fue respaldado por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, el bloque Justicialista, Frente para la Concordia Misionero. El dictamen se basa en el proyecto presentado por los diputados del Frente de Todos, Omar Félix y Marcos Cleri y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.
Qué propone el proyecto de ley
La iniciativa establece la reducción del 10% al 5% en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel. A diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria.
Los puntos centrales, que tendrán vigencia hasta 2030, son los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz. Además, otorga además facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
A su vez, la Secretaría de Energía podrá "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas". De forma contraria, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".
Con respecto a la sustitución de importación, el proyecto fija que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".
En ese aspecto, la iniciativa establece que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto también mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
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