Con escasa presencia en el último día, muchos se habían vuelto tras participar de la contracumbre de Javier Milei, otros consideraron muy temprano el arranque de la última jornada del 59° Coloquio de IDEA que tuvo como plato fuerte a dos de los principales referentes de los candidatos a la presidencia, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein (quien no asistió) y a quien ocuparía el cargo si Patricia Bullrich gana en estas elecciones 2023, Carlos Melconian.
Todavía quedaban astillas de la implosión que generó el acto paralelo que organizó el candidato Javier Milei, aduciendo que en IDEA "lo tratan mal". La tercera jornada fue casi la institucionalización del pasilleo de los días previos: reducir el gasto público y poner en manos privadas las empresas deficitarias (privatizaciones).
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En los paneles de la última jornada quedó en claro que los gastos de la política, más allá de lo simbólico no es representativo. "El problema de que se gasta mal. Es un problema de ineficiencia, por eso se debe racionalizar los subsidios y ver qué hacer con el déficit de las empresas deficitarias (privatizaciones", señaló sobre el cierre Javier Goñi, director de IDEA y gerente general de Ledesma.
En simultáneo, sin cambiar siquiera el decorado del escenario, los mismos interlocutores reclaman una menor carga tributaria, desfinanciando al Estado al que después se le exige un resultado presupuestario positivo. Entre tanto, los pocos empresarios que quedaban seguían de cerca el mercado cambiario, donde en la jornada anterior los paralelos tocaban los 900 pesos y en la mañana de este viernes la Comisión Nacional de Valores ponía trabas a los abusos de algunas financieras en el contado con liquidación.
Goñi presentó parte de las propuestas sobre el tema, esas mismas que no pudieron presentar a los candidatos presidenciales por sus ausencias. Por su parte, Pablo Ferrero, director ejecutivo de MSU, fue el único que mostró un escenario favorable de mejor recaudación para los próximos años, "ya sin problemas del ciclo hídrico y mayor capacidad de gas natural". Fue rápidamente interrumpido para hablar sobre "por dónde recortar".
Desde los equipos de analistas de IDEA se definió un programa para resolver "la urgencia del gasto público". El empresariado, incluso cuando se le consultaba por la suba del dólar --que para Milei es una buena noticia para dolarizar con una menor base de reservas--, hacen referencia al déficit. Luego de la crisis de la Convertibilidad, el gasto público primario de la Argentina creció de manera significativa: pasó de representar el 25 por ciento del PBI en 2004 a 44,2 por ciento.
El propio informe de IDEA reconoce un descenso del gasto público en el último año, pero lo fundamenta en "la aceleración inflacionaria que impactó temporalmente en desmedro de salarios y jubilaciones". En esos momentos, en los pasillos arribaban el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere junto al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, siendo uno de los sectores más beneficiados por la baja de impuestos y un dólar diferenciado para que liquiden las divisas retenidas de sus exportaciones.
Las partidas sociales explican el 65 por ciento del gasto total, sin muchas diferencias entre los distintos niveles de Gobierno. Asimismo, buena parte del gasto nacional es destinado a servicios económicos (14 por ciento), mientras que municipios y provincias lo requieren para el funcionamiento del Estado (25 y 22 por ciento respectivamente). "Como consecuencia de la notable expansión de los últimos 30 años, la Argentina gasta muchísimo más que el resto de los países de América Latina", sostuvo Goñi.
La propuesta elevada por el Coloquio contempla dos dimensiones. Por un lado, "buscando mejorar el desempeño económico, operando con presupuestos equilibrados, eliminando las asistencias financieras del Tesoro para cubrir déficits operativos. A la par, es necesario que las empresas públicas se desempeñen en un marco de competencia para no atentar contra la capacidad de empresas del sector privado. Por último, planteamos la creación de un holding administrador de las empresas de propiedad estatal que dejen de lado la dependencia directa de los ministerios para pasar a Jefatura de Gabinete", detalla el texto presentado por Goñi.
Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec), Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de la entidad, sostuvo que "uno de los principales bienes públicos que tenemos en Argentina es el sistema previsional". "Su alta cobertura (alcanza a más del 95 por ciento de las personas mayores) es un logro que convive con una gran dificultad: no se ha logrado que el reparto sea igualitario y sostenible fiscalmente", señaló la directiva del CIPPEC.
De esta manera se sumaba a la discusión las intenciones de una reforma laboral. Está claro que la insustentabilidad proviene de una alta informalidad de la actividad económica. Sin embargo, las propuestas van por otra vía. El gasto previsional es el principal componente del gasto público nacional: representa casi 11 puntos del PBI. Y casi 4 son excepciones al régimen general. De los 177 regímenes de excepción, 175 no son autosustentables: son pagados con recursos del tesoro (impuestos).
En la otra columna, el 55 por ciento de la población no llega a los 30 años de aporte y se termina jubilando gracias a las moratorias. "De mínima, dejar de aprobar nuevos regímenes diferenciales", afirmó Díaz Langou. "Por otro lado, planteó como fundamental fortalecer el régimen general de reparto. Para eso, hay que mejorar el acceso al sistema. "Creemos que la primera acción urgente es eliminar el requisito de los 30 años de aporte. Además, debemos repensar con inteligencia el cálculo de haberes", agregó la directora del Cippec.
La directiva propuso "reordenar el sistema a partir de sólo dos componentes: uno fijo y universal, y otro variable que dependa de los años de aporte y del sueldo promedio histórico", cuya discusión, la historia nos muestra, abre las puertas para el ingreso de aportes voluntarios "por canales privados" (la aparición de las AFIPs). El otro aspecto que se coló en el Coloquio de Mar del Plata fue qué hacer con las empresas públicas con déficit, aunque defendieron casos puntuales por ser monopolios naturales, como el caso de AySA, o que su privatización genera "externalidades negativas".
Los planteos fueron las mismas versiones remozadas de otros años y esta vez, sin la presencia de los candidatos para asegurarse la llegada del lobby empresario a los oídos de los futuros presidenciales (solamente asistió Bullrich).
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