El gobierno de Javier Milei dio un gesto a favor de la mayoría de las cámaras del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en contra de la empresa DOTA, al modificar el sistema de distribución de los subsidios a los colectivos, que ya no estarán atados a la oferta sino a la demanda de pasajeros de cada una de las líneas.
Así lo determinó la Secretaría de Transporte este martes mediante la Resolución 45/2024 publicada en el Boletín Oficial, la cual establece un nuevo esquema de distribución de los subsidios. Hasta ahora, estas compensaciones eran otorgadas del lado de la oferta, "ya que las empresas percibían subsidios por demostrar que gastaban combustible en sus unidades", explicó la dependencia que dirige Franco Mogetta en un comunicado.
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En cambio, con esta nueva medida "se determinará el costo fijo a cada pasajero, el cual será independiente de la distancia de viaje", establece el anexo de la resolución de Transporte . Esto se realiza mediante una detallada ecuación que incorpora como variable el "índice de pasajeros por kilómetro" recorrido por cada unidad.
"Con este modelo, las empresas podrán realizar los ajustes necesarios para hacer más eficiente el servicio según demanda de pasajeros, y deberán demostrar una correlación directa entre el incremento de kilómetros y el crecimiento de la demanda, pudiendo evitar prácticas ineficientes como la realización de una cantidad establecida de kilómetros por el sólo hecho de cumplir la oferta (modelo anterior)", explicó Transporte.
El objetivo oficial de la iniciativa es "eficientizar el uso de los recursos y que las empresas adapten la prestación del servicio a la demanda real", agregó el comunicado de esta secretaría dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo.
Las cámaras apuntan contra DOTA
Podría pensarse que se trata de un ajuste de los subsidios de parte del Gobierno, y que por lo tanto redunda en una complicación más para las empresas, que deben cumplir, en los próximos meses, con la suba paritaria acordada la semana pasada con la UTA.
Sin embargo, las cámaras no lo ven así. Al contrario, desde el sector patronal del transporte remarcan que "a nivel sistema es la misma plata". Es decir, se trata precisamente de una redistribución de la misma torta, pero que "incentiva a llevar más pasajeros", agregan las empresas. En el mismo sentido, destacan que esta forma de repartición "es lo más transparente" y que, en todo caso, solo puede perjudicar a las líneas malas o de pocos pasajeros.
Con esos términos se refieren al verdadero destinatario de la medida: el Grupo DOTA, históricamente enfrentado con el resto de las cámaras por, pese a ser una empresa, moverse autónomamente como una cámara más y un cuasi gremio paralelo, dado que concentra cerca del 20% de las líneas del AMBA.
Concretamente, en este caso las cámaras del AMBA acusan a DOTA de abusar de lo que denominan "cupo de gasoil". Esto es, una forma de subsidio a la oferta poco eficiente por otorgar fondos en función del combustible gastado por las unidades, sin cruzar ni siquiera la cantidad de kilómetros que ellas recorran.
Las cámaras denuncian un "curro" de parte de DOTA. Esto se debe a que DOTA representa en Argentina a la fabricante de vehículos brasileña Agrale, la cual, en 2021, presentó ante la CNRT un informe que indicaba que sus colectivos gastan más nafta, por lo que debían recibir más subsidios. Las demás empresas rechazaron este argumento, al señalar que se basa únicamente en un informe técnico de la UTN de Avellaneda, insuficiente para demostrar su validez.
En pocas palabras, DOTA dijo que sus propios colectivos consumen más gasoil, por lo que el Estado les concedió más subsidios sin tener que demostrar más kilometraje a cambio. Como resultado de ello, las demás empresas recibieron menos subsidios, porque la torta final no cambia. Según denuncian desde el propio sector patronal, con esta maniobra DOTA obtuvo 30 millones de dólares extra en los últimos tres años.
A fines de julio pasado, las cuatro cámaras de colectivos del AMBA (AAETA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA) pidieron formalmente al secretario de Transporte, Franco Mogetta, una audiencia para tratar este asunto. Por lo que ahora, más de tres meses después, el Gobierno por fin les concedió la medida de fondo que solicitaban.
Qué pasa con el conflicto salarial con la UTA
Desde las propias cámaras afirman que el pedido viene de antaño y que, incluso, la AGN había reclamado ya en 2017 que se pase a subsidiar la demanda. Así, aseguran que esa medida no tiene relación con el conflicto paritario que mantuvieron con la UTA en las últimas semanas.
En verdad, el tema del salario de los choferes se mantiene como una incógnita. Las empresas afirman que, dado que la masa total de subsidios se mantiene igual, esta redistribución no perjudicará la posibilidad de cumplir con la paritaria acordada en la reunión del miércoles de la semana pasada.
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Pero, al mismo tiempo, sigue sin estar claro que el acuerdo pueda cumplirse, ya que para ello la Secretaría de Transporte debe comprometerse a elevar subsidios o a permitir una suba del boleto a través de la elaboración de una nueva estructura de costos, algo que hasta ahora no hizo. Desde la dependencia de Mogetta afirman que ninguna de estas dos posibilidades (más subsidios o suba del boleto) está hoy en carpeta. De ser así, las empresas reiterarán que no tienen fondos con los que afrontar la suba salarial que piden los colectiveros, y las medidas de fuerza podrían reanudarse.
Pese a que las cámaras admiten que la medida podría perjudicar a algunas empresas ("ineficientes"), la UTA no se pronunció por ahora. Es conocida la interna que la línea oficial del sindicato mantiene con el sector que responde a DOTA, el cual constantemente boicotea sus medidas de fuerza.
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