El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires forzará a los estudiantes a realizar pasantías gratuitas en empresas para poder recibirse de la secundaria. Se trata de 29.400 chicos que servirán de mano de obra sin cargo para multinacionales, que no sólo competirá y dejará afuera a trabajadores pagos sino que además viola la legislación porteña.
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decretó que las prácticas educativas tendrán una duración de 120 horas cátedras que se distribuirán a lo largo del año y comenzarán en 2022. Su desarrollo se llevará adelante en horario escolar y serán incluidas en el proceso de evaluación a cargo de los docentes. “Les permitirán a los estudiantes desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con autonomía, y estimular su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajar en equipo”, informaron desde el GCBA en una gacetilla de prensa.
Los estudiantes estarán forzados a elegir, de acuerdo a su orientación escolar, en diversos ejes que el Ministerio de Educación porteño calificó como “sector productivo” (privado o público), “sector de gestión de políticas públicas”, “ámbito cultural/comunitario” o “ámbito de la educación superior/científico-académico”.
Pese a las explicaciones oficiales, los profesores no podrán realizar un seguimiento presencial en los trabajos que les asigne el Gobierno a los adolescentes. Incluso, tampoco habrá incorporación de conocimiento educativo para los 29.400 estudiantes que el Ejecutivo de la Ciudad pondrá a disposición de las grandes empresas como mano de obra gratuita.
“Larreta intenta nuevamente sacarles horas de clases a los estudiantes de los últimos años del secundario para que, en lugar de aprender sean mano de obra barata y precarizada de empresarios vinculados al jefe de Gobierno”, denunciaron desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). “Como ya lo hicimos muchas veces, vamos a exigir que los estudiantes de las escuelas secundarias sigan estudiando y formándose para ser hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables con centralidad en el conocimiento, el mundo del trabajo y la Universidad tal cual dicen las leyes nacionales”, esgrimieron. “Los jóvenes estudiantes de las escuelas son sujetos de derecho educativo y no peones precarizados al servicio de Larreta y sus socios empresarios”, resaltaron desde el gremio docente.
Una decisión ilegal
Las prácticas educativas están permitidas por la ley nacional 26.206 aprobada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. A su vez, la Ciudad dictó la ley 3.541 en 2010, con Mauricio Macri como mandamás local. Esta última regula estas pasantías, pero aclara en su artículo 2 que deberán tener carácter no obligatorio.
Al imponer la reforma Secundaria del Futuro en 2017, Larreta ya había intentado implementar pasantías gratuitas. Eso despertó una cascada de oposiciones y denuncias judiciales. Los reclamos de los estudiantes, interpuestos por la Ministerio Público Tutelar porteña, y los de los padres, madres y docentes, patrocinados por la Defensoría General, se mantienen todavía sin resolver en el Supremo Tribunal de Justicia, cuya presidenta, Inés Weinberg, fue la candidata de Macri para reemplazar a Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación.
La definición del Ministerio de Educación porteño del jueves, a través de la Resolución 3958/2021, establece en su anexo I una instancia introductoria obligatoria para los estudiantes con la imposición de hacer al menos un itinerario de la práctica. Esto viola la voluntariedad garantizada en la ley 3.541.
“Resulta a todas luces evidente que lesiona, altera y amenaza arbitrariamente con ilegalidad manifiesta -de manera actual e inminente-, derechos y garantías legales, constitucionales, y convencionales”, definió el asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones, Gustavo Moreno, en un oficio que le dirigió a la titular de la cartera, Carolina Stanley. Por esto, estableció el magistrado, “debe ordenarse al GCBA que se abstenga de implementar las llamadas ‘prácticas educativas’ con carácter obligatorio, en tanto no sea bajo las previsiones establecidas en la ley 3.541”. Ello, por supuesto, salvo que la Legislatura derogue o modifique la norma.
Expulsan a los estudiantes de educación especial
La decisión de entregar mano de obra gratuita a las grandes compañías se dio en un contexto de vaciamiento educativo denunciado por los gremios. Angélica Graciano, secretaria general de UTE, criticó que "Larreta está expulsando a las personas con discapacidad de las escuelas", por la decisión de Educación porteña que los jóvenes mayores de 22 años no se puedan matricular el año que viene. "La norma en la que se ampara Larreta para expulsar estudiantes con discapacidad la estuve releyendo: no dice eso", amplió en FM La Patriada.
“Hay una demanda de vacantes muy grande y no se realizan nuevas escuelas", sumó Graciano. Por otro lado, planteó que "cuando hay elecciones siempre quieren tener a una persona con discapacidad porque suma votos, pero después las políticas están ausentes. Hace años que no se cumple el cupo en ningún ámbito del Estado".
Además de ello, sostuvo que "peligran los cargos docentes porque las reformas que quieren implementar en la Ciudad dejan a muchos sin estabilidad laboral". "Si hacen falta vacantes se deben abrir escuelas, no cerrarlas", agregó la gremialista.
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