La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que, por tramitar una causa conexa, el juzgado en lo Penal Económico 9 asuma la investigación de una denuncia por presunta estafa cibernética, trascendió en Tribunales.
Se trata de la causa penal promovida por G.F.M. ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación (PGN) por supuesta defraudación al realizar operaciones en un sitio de opciones binarias en línea www.empireoption.com
M. denunció que mediante el ofrecimiento a través de esa página web el sitio captaba el interés de los usuarios para realizar inversiones "online" en el mercado de valores; con un asesoramiento sobre "cómo invertir exitosamente".
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El denunciante sostuvo que comenzó a operar con habitualidad a través de una tienda virtual y que, cuando luego de casi un centenar de operaciones por un total cercano a los 10.000 dólares, quiso hacer de algunas de las aparentes ganancias solo pudo retirar un monto "irrisorio".
El damnificado aseguró que, al pedir explicaciones, le dijeron que el sitio condicionaba la obtención de ganancias a que hiciera "mayores inversiones" por "altísimos montos", en tanto que un "asesor" le indicó que los aportes debían ser mensuales porque, de lo contrario, "tendría importantes inconvenientes para recuperar el dinero invertido".
De las actuaciones preliminares surgió que en el Juzgado en lo Penal Económico 9 ya intervenía en un sumario por "hechos que mantenían una íntima vinculación" con el caso de M., debido a una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra la misma tienda virtual (R, Sociedad Anónima).
La firma R. ya aparecía imputada por "captación no autorizada de ahorros del público en el mercado de valores, agravado por el uso de un medio masivo de comunicación", en referencia a la página web., en la que se ofrecían oportunidades de inversión en línea "para la negociación de opciones digitales, las llamadas opciones binarias".
El fallo de la Corte, que coincidió con el dictamen del procurador general de la Nación interino Eduardo Casal, fue firmado por el presidente Horacio Rosatti y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia por considerar que el máximo tribunal aún no debía intervenir.
Con información de Télam
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