El mercado de carne vacuna detenta históricamente una estructura concentrada de producción y comercialización. Sin embargo, la desregulación del sector y el vaciamiento de personal técnico en los organismos de control durante el macrismo profundizaron esta situación que hoy favorece a un puñado de empresas del sector que privilegia la exportación por precio frente al mercado interno. El Gobierno dispuso esta semana el cese por 30 días de la comercialización de carne al exterior hasta lograr "normalizar el mercado". El foco está puesto en los frigoríficos matarifes, sobre los cuales se detectaron maniobras especulativas con los precios para aprovechar la brecha con el dólar paralelo, tal como reveló a principio de año este medio.
La pelea se da en el perímetro del mercado concentrador de hacienda de Liniers, una estructura que sigue funcionado con el "tradicional" esquema del siglo pasado. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, los diez principales firmas exportadoras en el mercado de carne, con fuerte presencia de extranjeras (las dos más grandes son brasileñas), concentran más del 75 por ciento de las ventas al exterior.
La diferencia ahora la marcan los frigoríficos exportadores, que empezaron a fijar el costo a la faena. El margen bruto de este eslabón cuadruplica la rentabilidad de los sectores de cría e invernada juntos. Mientras tanto, el precio de la carne en el mostrador se mantiene a la cabeza en el ranking de aumentos, lo que derivó en el menor consumo de proteína animal en los hogares en cien años.
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Un informe del Ministerio de Agricultura detalla que los precios de la carne al mostrador crecieron menos que los precios en el Mercado de Liniers en el arranque del año, debido al menor consumo interno de los primeros meses. "Podría indicarse que en los últimos tres, los precios del ganado y la carne volvieron a alcanzar la curva de la inflación, lo que no sucedía desde 2017", explicaron en un documento desde la cartera que conduce Luis Basterra.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que "en todas las regiones en los últimos cuatro años (abril 2017 a abril 2021) la categoría Carnes y Derivados creció más que Alimentos sin carnes y derivados". "Lo mismo sucedió si se compara con el Nivel General que excluye Carnes y Derivados", agrega la consultora.
La opacidad como política económica
A principio de año se buscó atacar la escasa transparencia en la comercialización del ganado en pie, lo que permitió descubrir maniobras especulativas en las que se inflaban precios en Liniers para el ganado de exportación, con impacto en el mercado doméstico. Previo al arribo de la pandemia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) había puesto bajo la lupa a medio centenar de frigoríficos de carne vacuna habilitados en el último año de gestión por el macrismo donde no se cumplieron los controles fiscales y sanitarios pertinentes.
Para aprovechar el aumento en las importaciones desde China, el macrismo habilitó establecimientos "flojos de papeles" que pusieron incluso en peligro todo el mercado exportador por la falta de controles. En 2018, bajo la conducción de Luis Miguel Etchevehere en el Ministerio de Agricultura, se autorizaron 45 establecimientos para operar, que se sumaron a unos 50 ya existentes. Uno de los directivos que integra el Consejo de Agroexportadores y que negocia con el Gobierno una salida a la pausa en las exportaciones reconoció a este medio que Etchevehere había establecido una "línea roja" telefónica para aprobar frigoríficos discrecionalmente.
El exceso de demanda china generó un cuello de botella en la oferta, que el ministerio de Etchevehere solucionó relajando los controles para la habilitación de establecimientos. En 2018 se modificó el protocolo sanitario mediante el cual se rige la exportación de carne destinada China, facultando al SENASA, en ese momento a cargo de Ricardo Luis Negri, para habilitar establecimientos exportadores de manera directa. Sin embargo, quien los habilitaba era Etchevehere por teléfono.
El resultado fue obvio: en apenas seis meses la Argentina pasó de ser el cuarto exportador a China a ubicarse en el primer lugar. Sin embargo, eso no definió un aumento en la producción ni un baja en los precios, como pregonaba el macrismo. El stock ganadero creció en apenas 2,5 millones de cabezas y el precio al público aumentó más de un 200 por ciento sin mejora sustancial en el precio al productor.
El ajuste en las dependencias del entonces Ministerio de Agroindustria se enmarcó en un esquema de desguace de todos los organismos de control. En el SENASA, organismo que tuvo que abandonar a manos privadas la Certificación en los Servicios de Inspección Veterinario en los establecimientos frigoríficos, el macrismo cerró 400 oficinas y laboratorios de sanidad animal por falta de pago de los alquileres y despidió al 10 por ciento de la plantilla de personal (más de mil trabajadoras y trabajadores).
El macrismo también derogó los controles fitosanitarios a granos y subproductos, tales como harinas y aceites, lo que permitió incrementar la ya abultada rentabilidad del sector agroexportador. Al año de haber eliminado las retenciones a carnes y granos, la cartera de Agricultura durante el gobierno de Cambiemos eliminó una serie de tasas que el SENASA cobra a los diferentes actores que intervienen en la cadena productiva y que son objeto de regulación del servicio sanitario. Esta fue la primera maniobra para desfinanciar al organismo y al Estado del macrismo.
La transferencia de ingresos a partir de la derogación de la reglamentación 260 (de control fitosanitario) implicó una transferencia de ingresos estimada de 120 millones de dólares, considerando las cantidades exportadas fiscalizadas y el cuadro arancelario vigente a enero en ese momento, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El otro riesgo de este desmantelamiento es la trazabilidad (seguimiento e historial) de las exportaciones que realiza el SENASA, una aspecto central para controlar el movimiento de hacienda y evitar la triangulación de las exportaciones.
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