El Gobierno de La Libertad Avanza desmanteló los organismos estatales vinculados a la agricultura familiar. El objetivo de ese programa de disciplinamiento fue la expulsión de los territorios de cientos de miles de campesinos. ¿Despoblar para la entrega de los recursos naturales? Al menos esa es la hipótesis del conjunto de las organizaciones nucleadas dentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, quienes elevaron un pedido de informes al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vinculado a la intervención por decreto del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, luego de echar a 900 trabajadores.
El decreto 285/24 dispuso la intervención del organismo público vinculado a la agricultura familiar. Entre sus fundamentos, se expuso la decisión del Gobierno de ponerle fin a “situaciones de ocupación de tierras fiscales provinciales o municipales y/o tierras privadas, ya sea con permiso o sin él, en adjudicación de venta; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas, entre otros casos”. En otras palabras, avanzar con una serie de desalojos masivos. La militarización de los territorios.
“El Estado nacional no implementa políticas de promoción ni asistencia a nuestro sector; muy por el contrario, nos combate y empuja a la quiebra a miles de familias que son desplazadas de los territorios”, sostuvo Miguel Gómez, referente del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar.
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La estigmatización y el racismo como política de Estado. “El Decreto 285/2024, que interviene el INAFCI, en su fundamentación expresa que los sujetos de la agricultura familiar, campesina e indígena han sido beneficiados con el otorgamiento de financiamiento nacional y externo debido a la actuación discrecional de sus trabajadores. Además, sostiene que existen ocupaciones de tierras fiscales provinciales y municipales, así como privadas por parte de agricultores/as familiares, señalando así entre líneas que se trataría de usurpaciones o tomas ilegales”, puede leerse en los fundamentos del pedido de informes elevado a la Cámara de Diputados.
Despoblar los territorios. Los campesinos vinculados a la agricultura familiar fueron reconocidos por la Ley 27.118 – sancionada en 2014- como sujetos de una necesaria “Reparación Histórica por parte del Estado nacional”. Dicha norma establecía que se debe “garantizar los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la biodiversidad; promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural”.
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Macri dio el primer paso para avanzar contra las organizaciones del sector. Luego, el Gobierno del Frente de Todos no logró retomar por completo los lineamientos de dicha normativa sancionada sobre el cierre del Gobierno de CFK. Una de las características de dicha ley era la creación de un banco de tierras para la disposición comunitaria de dichos campos. Con la llegada de La Libertad Avanza, se aceleraron los tiempos del disciplinamiento hacia un sector que produce el 70% de los alimentos que se consumen en el país.
La agricultura familiar representa al 71% de los productores del país y genera el 19% del Producto Bruto Agropecuario, según los datos del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar. Sin embargo, sus integrantes acceden a tan solo el 13,5% de la tierra explotada. Según el “Informe de Gestión 2019-2023” de INAFCI, cerca del 70% de los alimentos que se consumen en el país son producidos por emprendedores familiares. El sector de la agricultura familiar ocupa el 53% del empleo rural, que asciende al 70% teniendo en cuenta la mano de obra familiar.
“En un momento como el actual de aumento de la pobreza y de mayor dificultad para acceder a los alimentos por la inflación y el deterioro en el poder adquisitivo de las familias, resulta esencial conocer cuál es la política del gobierno para la agricultura familiar y con qué objetivos se ha definido intervenir la institución pública que debe atender a este sector”, expresaron desde el CNAF en los fundamentos del pedido de informes entregado a Menem.
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