La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto con la Sociedad Rural de Jesús María, presentó un amparo contra las retenciones a las exportaciones bajo el argumento que no hay una ley que establezca el cobro de ese tributo.
La iniciativa judicial responde a la falta de un presupuesto para este año, el cual fue negado por la oposición en el Congreso, con el objetivo de que se eliminen las alícuotas.
Los abogados que presentaron el recurso en los tribunales federales de Córdoba argumentan que cuando el Congreso rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno, junto con ello, desaprobó un articulo que permitía al Gobierno cobrar los derechos de exportación.
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Según anunció el presidente de la SRA, Nicolás Pino, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida la sede de la entidad en la Capital Federal, junto con dirigentes ruralistas del interior del país, el recurso fue presentado en las últimas horas.
"Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales. Para que exista un tributo tiene que haber una ley", señaló Pino. El cobro de retenciones está contemplado en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de ellos autoriza al Poder Ejecutivo a cobrar el impuesto, pero no fija alícuota, y el segundo indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la Argentina.
Los abogados que presentaron el recurso en los tribunales federales de Córdoba argumentan que cuando el Congreso rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno, junto con ello, desaprobó un articulo que permitía al Gobierno cobrar los derechos de exportación.
Los letrados hicieron referencia a la ley de Solidaridad aprobada al inicio del mandato de Alberto Fernández que buscaba revertir la reforma fiscal del 2017, en la cual se estableció un sendero de reducción gradual de derechos de exportación, la cual iba de las mano del Presupuesto, algo que, en una maniobra de pinzas, la oposición se encargó de que el Gobierno nacional no tuviera este año.
El argumento es que para poder seguir cobrando, se debería haber prorrogado la Ley de Emergencia. Pino señaló que "se pretende que esta discusión se dé en el Congreso porque hoy el cobro no tiene sustento", y dijo que luego quedará para el Poder Legislativo establecer "cuál puede ser el mejor sistema tributario".
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