La larga historia de los lockout patronales agrarios

2020 y 2021, años de pandemia, tuvieron como correlato una baja movilidad en los gremios trabajadores y empresarios, con la excepción del sector concentrado del campo, que en ambos años llevó adelante sendos lock-out. Si bien el campo en su conjunto sufrió condiciones climáticas que implicaron que las cosechas tuvieran importantes descensos, pues en la campaña 2019/2020 fueron de 128,7 millones de toneladas y se estima una baja a 120,8 millones de toneladas en 2020/2021, es decir por debajo del récord de 147 millones de la campaña 2018/2019, no menos cierto es que  tuvo el beneficio de no haber estado incluido en el rubro esencial al que el gobierno no impuso el freno de su actividad, además de contar con retenciones y un tipo de cambio similar a las del partido político que los representa, la alianza Cambiemos, lo que hizo que su rentabilidad continué siendo positiva, a diferencia del grueso de las empresas nacionales.

La primera de las acciones de protesta quedó diluida por la llegada de la pandemia a la Argentina, pues se llevó adelante entre el 9 y 12 de marzo, es decir una semana antes del confinamiento. Entonces, la denominada Coordinadora de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), plantearon que la suba de un 10 por ciento a las retenciones a la soja, del 30 al 33 por ciento, para quienes exportaran más de mil toneladas, es decir un 25 por ciento del total, producía un “nuevo escenario crítico”, con lo que se llevó adelante un cese de comercialización de granos y hacienda.

La más reciente, fue frente a la imposición de un cupo de exportaciones de maíz y posterior cese total de las exportaciones, debido a la necesidad de que la Argentina no se desabastezca de estos granos imprescindibles para la cría vacuna, aviar y de cerdos. El nuevo paro de tres días, que en esta ocasión no contó con la adhesión de Coninagro, logró que el gobierno diera marcha atrás en sus políticas y que Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, afirmará que “El paro está cumplido y nuestro objetivo ha sido cumplido".

Larga historia

Sin dudas el lock-out más recordado fue el del 2008, que consiguió dar por tierra las denominadas retenciones móviles que, a través de la resolución 125, el gobierno de Cristina Kirchner pretendía fijar con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal y desacoplar el precio de los alimentos, frente a la fuerte suba de los commodities. Sin embargo, los lock-out más profundos realizados por el sector concentrado del campo, se produjeron entre 1975 y 1976, siendo claves para facilitar la llegada de la última dictadura cívico militar. Así lo reseña el investigador del Conicet Gonzalo Sanz Cerbino en uno de los pocos trabajos que documentan el accionar de este sector durante aquellos años, “Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales. Argentina, 1975-2008” (Polis). En efecto, el autor señala que a través de cinco paros comerciales agrarios de alcance nacional y otros once de alcance regional en 1975, así como otro nacional en febrero de 1976, “que incluyeron cortes de ruta, movilizaciones y llamados a la rebelión fiscal”, esta fracción de la burguesía “intervino para forzar la salida del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón”. En ellos, intervinieron las mismas entidades que convocaron a los actuales lock-out, es decir CARBAP, FAA, CRA, CONINAGRO, y SRA, ligándose estas tres últimas bajo la denominación “Comité de Acción Agropecuaria (CAA)”. Si bien las medidas de protesta comenzaron en marzo de 1975, Cerbino apunta que las mismas se intensificaron frente al repudió popular y consecuente fracaso del plan económico ortodoxo que intentó implementar el ministro de Economía Celestino Rodrigo. Entonces, Jorge Aguado, presidente de CARBAP y a posteriori funcionario de la dictadura, señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país, ya que “fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda”.

Los lock out llegaron a tener extensiones de 11 y 18 días, provocando el consecuente desabastecimiento, aunque fueron apoyados por “algunos partidos políticos provinciales y de la principal fuerza de oposición, la Unión Cívica Radical (UCR)” señala el investigador, mientras la SRA se reunía con el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla para dar cuenta del “la falta de seguridad física y jurídica”, el “desgobierno”, y la falta de un combate efectivo a la guerrilla. No es casualidad, de hecho, que al año del Golpe de Estado la SRA publicara una solicitada de apoyo al gobierno de facto.

Los tiempos, por supuesto, han cambiado. Hoy, este sector ya no pareciera atentar contra la democracia ni sus instituciones, sino ejercer presión para que las políticas públicas sean favorables a sus intereses sectoriales. El gobierno, por su parte, no ha exhibido aún que política seguirá frente al aumento de los commodities.