El Gobierno evalúa un impuesto a las semillas para los productores rurales

En medio de la disputa con el campo por la necesidad de que entren más dólares para "pasar el invierno", el Gobierno tiene en estudio otra medida con la que avanzará en los próximos días: una compensación a las semilleras que saldría del bolsillo de los propios productores rurales, quienes, sin sorpresas, cuestionaron la iniciativa.

Ante la imposibilidad de modificar la Ley de Semillas en el Congreso, fuentes oficiales consultadas por El Destape confirmaron que "se está avanzando" directamente a través del Poder Ejecutivo en una contribución obligatoria de parte de los ruralistas hacia los mejoradores de semillas. El asunto fue discutido la semana pasada en una reunión de los productores de semillas con las autoridades del Instituto Nacional de Semillas (INASE), dependiente del Ministerio de Agricultura.

Según pudo saber este sitio, el monto que se baraja para esta "contribución" obligatoria que tendrían que afrontar los productores rurales es del 1,5% por tonelada comercializada. Los detalles se seguirán discutiendo en una posible reunión de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) que se espera para esta semana.

La Asociación Semilleros Argentinos (ASA), como era esperable, celebró la iniciativa "porque la solución propuesta coincide con un viejo reclamo para tener un reconocimiento a la propiedad intelectual por la semilla de uso propio", expresó a El Destape su titular, Alfredo Paseyro.

Hasta el momento, sin embargo, las entidades rurales no fueron incluidas formalmente en la discusión y esperaban un llamado de las autoridades, que todavía no se produjo, para reunirse en el transcurso de esta semana. En ese contexto, las quejas por la orientación de la medida no tardaron en llegar.

Uno de los puntos cuestionados por los productores es el virtual fin del uso propio gratuito de las semillas. "Que se termine el uso propio gratuito no lo veo bien. Es lo que los agricultores hemos ganado aportando conocimientos, trabajo y riesgo. Está consagrado en la ley cualquier resolución en contra viola la norma vigente", expresó en ese sentido Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) en diálogo con este portal.

"No nos parece lo más adecuado", sostuvo por su parte CONINAGRO respecto a la iniciativa oficial. La entidad representada en la Mesa de Enlace manifestó en un comunicado que las autoridades ministeriales les aseguraron que se reunirían con los productores "antes de tomar cualquier decisión, para analizar y buscar la mejor alternativa para resolver éste tema".

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reconoció el derecho de los mejoradores de semillas a que "los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos", pero añadió que "el cobro de este reconocimiento (debe hacerse) exclusivamente sobre la semilla", vale decir, no sobre la tonelada a ser comercializada tras la cosecha.

La discusión por el "dólar soja"

El ingreso que percibirá el Estado con esta nueva contribución probablemente sea menor, ya que la mayor parte irá a parar directamente a las semilleras. Sin embargo, a los productores no se les escapa el contexto macroeconómico y político en el que se la iniciativa se inscribe: la acuciante necesidad del Gobierno de que liquiden sus cosechas para poder hacer frente a la escasez de dólares generada por la importación de energía en el período invernal.

“El desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”, lanzó Alberto Fernández el viernes durante un acto. En ese contexto, comenzaron a circular versiones de que el Presidente evalúa una posible baja temporal de las retenciones a la soja y el trigo para fomentar la entrada de divisas durante el próximo mes.

Lo cierto es que hasta el inicio del lunes no había nada oficial sobre este tema en carpeta. De cualquier modo, una eventual mejora del dólar para la exportación de granos no convencería a los productores de ceder en una contribución por para las semilleras. "Todo es muy confuso porque por un lado hay intención de cobrar un canon en producción (para las semilleras) y por otro lado hay versiones de que quieren bajar retenciones o acomodar el dólar para que se liquide, y son acciones contrapuestas", consideró Achetoni al respecto.

Con la urgencia del lado del Gobierno y especulando con ser favorecidos por una devaluación oficial, los ruralistas no tienen apuro en exportar y no aceleran las negociaciones. Al contrario, critican esta potencial medida desde lo conceptual y traen al juego la cuestión de fondo.

Achetoni acota: "La FAA no lo ve bien que por una necesidad coyuntural se baje retenciones o se acomode el dólar y no haya una planificación estructural que sostenga e impulse a las distintas escalas productivas". Otras entidades afirman que las restricciones a las importaciones generaron incertidumbre sobre el precio de insumos como los fertilizantes, afectando a toda la cadena de comercialización. "No es esperable que se consigan los resultados esperados (de liquidar la producción). Los granos se van vendiendo en la medida que se necesitan para pagar gastos hasta la próxima cosecha", afirmó Elbio Laucirica, vicepresidente de CONINAGRO.

En la Sociedad Rural directamente anulan la discusión y consideran que las retenciones son ilegales porque no se renovaron las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo. El deseo del Presidente de la Nación sobre los dólares del campo es, efectivamente, todo un desafío.