Si la intervención del gobierno en el mercado cárnico se hizo esperar varios meses, la implementación del comunicado del pasado lunes sobre el cierre de las exportaciones por 30 días también exhibió demoras, pues recién en la mañana del jueves se adoptó la resolución que incluye tanto excepciones a “las mercaderías que sean exportadas dentro de contingentes arancelarios”, como también la posibilidad de “darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados”, es decir, antes de tiempo.
Los retrasos y modificaciones, no hacen más que exhibir las dificultades que tiene el Gobierno para decidir el tipo y forma de intervención que plantea para este sector, pues en el mismo se disputan elementos centrales para su gestión económica, como son la provisión de divisas, la relación con un sector beligerante del campo, y la hasta ahora incumplida promesa hacia su base electoral de que los ingresos le ganarían este año a la inflación. Esto último es así porque la carne tiene además un enorme peso en la inflación general, pues según el propio Indec su consumo representa el 7 por ciento de los gastos mensuales, lo que lo convierte en el principal rubro entre los gastos familiares. Así el aumento de la misma, que fue de un 64,7 por ciento en relación a abril de 2020 frente a una inflación del 46,3, no solo explica su mínimo consumo histórico, al pasar de los 69 kilos anuales por habitante en 2009 a los 49,7 kilos el año pasado, sino que también representa un peso determinante en los elevados índices de inflación mensual.
Lo cierto es que, siendo de fondo una disputa de naturaleza política, la medida parece exhibir una búsqueda del gobierno por recuperar el centro de la escena, luego de la falta de resultados que exhibieron sus iniciativas en la contención de precios vía acuerdos con los actores de la cadena alimenticia. Sucede que diversas fuentes del sector consultadas por El Destape señalaron que, antes que una medida técnica, los 30 días de prohibición de exportaciones son tanto una señal al mercado como el plazo para que el gobierno defina una estrategia de intervención eficaz, pues la prohibición puede ser fácilmente resistida tanto por frigoríficos que tienen capacidad de retener sus stocks de reses así como también por otro de los integrantes de la cadena, engordadores y feedlots, que muy posiblemente acrecentarán el peso de sus vacunos para ventas futuras, todo lo cual demuestra que el 30 por ciento de la producción que se destina a exportación no se traducirá en una mayor oferta en el mercado doméstico, elemento clave para iniciar un sendero de descenso en los precios.
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Más aún, las mismas fuentes señalaron que la medida representa incluso un perjuicio para el sector más débil de la cadena, los criadores, debido a la presión que pueden ejercer sobre ellos frigoríficos y engordadores, como también dificultades de cumplimiento con mercados del exterior, con la provisión de los 200 millones de dólares mensuales de divisas que el sector ingresa en promedio al país, e incluso dificultades diplomáticas.
Razones para el aumento y posibles respuestas oficiales
Tan cierto como eso, es que el gobierno que asumió bajo la consigna de “empezar por los últimos para llegar a todos”, debía intervenir frente a un mercado que estaba impidiendo de forma creciente el acceso de los sectores vulnerables a la carne, además de alimentando otro efecto pernicioso como lo es la inflación. Si bien desde parte del sector se intentó responsabilizar del aumento de precios al incremento de costos, fundamentalmente la suba de cerca del 100 por ciento en el precio del maíz que sirve como principal fuente de alimentación del ganado, como también a una supuesta devaluación del peso, lo cierto es que la alimentación del vacuno solo representa el 12 por ciento del costo, que los diferentes tipos de dólar se encuentran estabilizados desde medio año atrás, y que desde comienzo de año la base monetaria exhibe resultados negativos.
Así las cosas, el grueso del aumento de la carne no tendría otra explicación que el crecimiento de su exportación, en la medida que el retraimiento de consumo local por los altos precios, es compensado por la fuerte demanda externa, principalmente china, que concentra el 75 por ciento del millón de toneladas que se exportan.
De acuerdo a datos suministrados a El Destape por el ex diputado Mariano Pinedo, en base a la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y el Indec; entre 2018 y 2020 la producción de toneladas de carne creció de 3.065.820 toneladas a 3.233.492 toneladas, es decir un 2,7 por ciento, mientras que las exportaciones subieron de 368.000 a 611.000 toneladas, es decir un 66 por ciento más. Incluso, de acuerdo al IPCVA, los aumentos interanuales de exportación en este año fueron de 14,7 por ciento en enero, 31,1 por ciento en febrero, y 23,3 por ciento en marzo.
Todo esto lleva a concluir que la vía de reducción de la suba de los precios, es a través de un incremento de la oferta local, que en el corto plazo significa una regulación de las exportaciones, sea por medio de cupos o por un mayor control a intermediarios que a raíz de la liberalización macrista surgieron para aprovechar el negocio pero sin cumplir reglas fiscales y bromatológicas, pues el estímulo a la producción resulta una opción a largo plazo.
Todo indicaría entonces que, en lo inmediato, si el gobierno desea llevar adelante una contención de los precios, deberá igualmente resignar en parte dos factores sobre los cuales ha demostrado ser muy sensible, como lo son el ingreso de divisas para fortalecer la macroeconomía y la buena relación que aspira a sostener con el establishment.
Los próximos 30 días serán tiempos de definiciones, y no por la última medida.
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