El Congreso debate una nueva ley de movilidad que puede hundir aún más las jubilaciones y la AUH debajo de la línea de pobreza

La Comisión de Previsión Social se reunirá este jueves al mediodía para comenzar a tratar los numerosos proyectos que hay sobre cambios en la movilidad jubilatoria. La mayoría coincide en modificar la fórmula sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández e indexar los aumentos por inflación. El peligro del debate público gira en torno a una pérdida del poder adquisitivo que los jubilados no puedan volver a recuperar y cualquier proyecto que prospere dejaría al haber mínimo casi 200 mil pesos por debajo de la línea de pobreza.

Los niveles de inflación que presenta la economía generan sufrimiento en la población, pero también son una ventana de oportunidad para quienes pretenden convalidar un ajuste sin salida. Buena parte del arco político definió proyectos de ley que fijan un sistema previsional que corra a la par de la suba de precios mensual. No solo simboliza un discurso demagógico, sino que es contradictorio y condena a los beneficiarios a ser furgón de cola de la economía.

Una brecha inalcanzable

La Canasta Básica de los Jubilados escaló en los últimos 12 meses un 239%, alcanzando un valor de 685.041 pesos para una pareja, de acuerdo a los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad. Si se lo compara en relación a la última medición elaborada en octubre último, el aumento trepó al 118,73%, una cifra que choca, además, con la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron las jubilaciones frente al pico inflacionario de los últimos meses, especialmente tras la mega devaluación de Javier Milei. 

Con los parámetros actuales y de aplicar la nueva fórmula jubilatoria que propone la oposición de Miguel Pichetto, el haber mínimo se elevaría  a los 162.140,97 pesos. Contando la inflación de febrero y repitiendo un bono de 70 mil pesos, los jubilados deberían cobrar alrededor de 250.000 pesos. Sumando dos haberes mínimos, igualmente una pareja de jubilados quedaría casi 200 mil pesos por debajo del umbral de pobreza.

El proyecto que más impulso tiene es el presentado por la Coalición Cívica, cuya propuesta se basa en que los haberes se actualicen por inflación a partir de abril, sumado a un incremento del 20,6 por ciento que subsane el desfasaje de enero. En paralelo, el Gobierno comenzó a circular el borrador de un nuevo texto de la Ley Bases, también conocida como "Ley Ómnibus", que hará llegar al Congreso en los próximos días.

Según el documento, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria incluida en el megaproyecto convalida una pérdida de poder adquisitivo de 17 puntos como piso para los jubilados que cobran la mínima y un esquema de actualización automática vía inflación que no permitirá recuperar todo lo que perdieron desde diciembre. Si el Gobierno no prosigue con el otorgamiento de bonos adicionales, en abril podrían incluso cobrar en términos nominales menos que en marzo, por lo que el hundimiento sería mayor. No solamente los jubilados, sino todas las prestaciones que paga la Anses, como la AUH.

El artículo 63 del borrador al que accedió El Destape establece: "Los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria". Mientras tanto, el artículo 64 agrega que, con la actualización de abril con la inflación de febrero, habría un adicional del 10%. 

¿Cómo funcionarían los aumentos mensuales? El Indec publica la inflación a mediados de cada mes, mientras que la Anses paga las jubilaciones y pensiones desde principios de cada mes. El texto explica que el aumento será correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar. Es decir, en abril se pagaría un aumento que replique la inflación de febrero, en mayo se abonaría con los datos de marzo y así sucesivamente. Por una cuestión de difusión de datos, habría un desfasaje de un mes en forma constante. 

Inviable hoy y mañana

Si bien mantener la licuación previsional del primer trimestre del año no resulta socialmente sostenible, compensarla completamente tampoco pareciera estar en los planes del gobierno.  Una compensación total de la licuación reciente, junto con un crecimiento sostenido del gasto jubilatorio, socavaría el esquema propuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, al inicio de su mandato. 

Comenzado el año fiscal, la consultora LCG reveló que una indexación basada en último IPC disponible, generaría un ahorro fiscal para 2024 de aproximadamente 1,2% del PBI. Esto sin contar el costo adicional que eliminaría el Gobierno si no sigue pagando bonos adicionales. 

Pero mirando el futuro, ¿por qué si la inflación va a bajar y la actividad económica retoma un sendero de crecimiento, los jubilados deberían cobrar con aumentos que van por debajo del ritmo de la economía?

Otro punto cuestionable es que si se convalida la pérdida del último bimestre, los jubilados no recuperarían nunca esa diferencia. Sus haberes correrían de forma paralela a la evolución de una inflación que abre dos problemas para el gasto previsional: si es baja ajusta los ingresos, y si es alta, se convierte en insostenible a mediano y largo plazo.

En un contexto en el que se contrae la economía, los salarios reales caen y se destruyen puestos de empleo registrado, una fórmula que tenga Índice de Precios al Consumidor otorgaría un incremento mayor respecto al que brindaría una que tenga salarios y recaudación; sin embargo, también es cierto que, en un contexto de crecimiento económico y recuperación de los salarios, la única forma de que los jubilados y pensionados participen de esa ganancia es a través de la inclusión de esas variables en la fórmula de actualización.

En otras palabras, la actualización vía recaudación y salarios presenta un comportamiento procíclico: los períodos de crecimiento permiten sensibles incrementos de los valores, mientras que, si cae el PBI, suele suceder que impacta negativamente sobre el indicador. Si la meta final de Milei es desterrar la inflación, suspender la Ley de Movilidad tampoco tendría justificación.