El Gobierno, a través de la ANSES, otorgará un bono de 45.000 pesos, conocido como "refuerzo alimentario", a pagar en dos cuotas y que será percibido por sectores vulnerables que no reciban ningún ingreso por parte del Estado. Según pudo saber El Destape, los equipos técnicos esperan que la suma extraordinaria alcanzará a una cifra cercana al millón de personas, que será abonada con ingresos provenientes de la recaudación vía "dólar soja".
La suma extraordinaria será de 45.000 pesos y se abonará en dos cuotas de 22.500 pesos en los meses de noviembre y diciembre. La inscripción podrá realizarse sin turno a partir del próximo lunes 24 de octubre en todas las oficinas del organismo previsional. El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.
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Según lo informado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, las personas que apliquen al ingreso no pueden poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo, no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra) y no deben contar con Obra Social o Prepaga. Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.
El anuncio final difiere de los trascendidos iniciales, que hablaban solamente del cobro de un plan social como factor excluyente. Sin embargo, la exhaustividad del control por parte del Estado denota un principio de maximización de los recursos en tiempos de disciplina fiscal. Massa había anunciado el día que se lanzó el Programa de Promoción para exportaciones de soja que se lanzaría un "bono social" con parte de lo recaudado.
El objetivo es avanzar en los grupos de mayor riesgo y alcanzar con este nuevo "refuerzo alimentario" a adultos mayores sin ningún ingreso.
Cuál es el impacto real del bono
La inyección de ingresos a los más golpeados por la crisis había sido además un tema que había avivado la interna dentro del oficialismo, con rumores de ruptura por parte del Frente Patria Grande, porque consideraba que no había respuestas a su reclamo del Salario Básico Universal. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, se ocupó primero de mandar a elaborar un proyecto en el Senado que contenga sumas fijas mensuales para terminar con la indigencia en Argentina. Y, por otra parte, intervino con Massa para sumar este fondo para cubrir la canasta básica alimentaria.
Según los últimos datos disponibles, el umbral de la indigencia a nivel individual es de $ 18.360 y para un grupo familiar de cuatro personas es de $ 56.732. El espacio que lidera Juan Grabois salió a respaldar la medida anunciada por Massa al expresar: "Hace meses venimos diciendo que la crítica situación económica que vive nuestro país necesita que se tomen decisiones para quienes no pueden garantizar su alimentación". Sin embargo, un pasaje del comunicado evidencia la extrema prudencia del Gobierno en implementar la medida.
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"Nuestro planteo de fondo es que hay 7,5 millones de trabajadores y trabajadoras informales cuyos ingresos no alcanzan para subsistir y tampoco van a ingresar en el mercado de empleo formal", sintetizó el comunicado. Siguiendo los cálculos que circulan en los pasillos del Palacio de Hacienda, si un millón de personas cobrara el bono de $ 45.000 pesos, el Estado debería invertir alrededor de US$ 280 millones. Según lo que dio a conocer el ministerio de Economía, tras la finalización de la vigencia del dólar diferencial para productores que se extendió durante septiembre, las ventas alcanzaron los US$ 8.120 millones y permitieron al Banco Central comprar unos US$ 5.000 millones.
Según el Indec, 2,6 millones de personas están en situación de indigencia. Pero el parámetro de urgencia social puede rastrearse en el último bono que pagó la Anses en mayo de este año.
Alrededor de 12 millones de personas solicitaron inscribirse al pago del bono de $ 18.000 de Anses, cuando en Argentina hay cerca de 20 millones de personas ocupadas. La inscripción al Refuerzo de Ingresos canalizada vía Anses finalizó con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad u otros motivos.
Sin embargo, al desagregar los datos fríos, los resultados obtenidos reflejan la crisis de ingresos que atraviesa el país. La población económicamente activa se estima en 21.500.000 individuos -si se amplían los cálculos sobre la base de los 31 aglomerados urbanos a la totalidad de habitantes en el país-, de los cuales cerca de 20 millones se encuentran ocupadas y el resto desempleada.
De estos datos se desprende que al menos la mitad de las personas ocupadas pidió por el refuerzo de ingresos (cerca de 10 millones de trabajadores). Y algo aún más preocupante: del universo de personas que intentaron aplicar, 7,5 millones fueron aprobadas en aquel momento. El próximo bono alcanzará a una cantidad de personas mucho menor.
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