En un nuevo intento de vaciar de operaciones y responsabilidades a Aerolíneas Argentinas, el Gobierno derogó la obligatoriedad del Estado para contratar los servicios de la línea de bandera para misiones oficiales, al tiempo que definió un nuevo procedimiento de contratación de servicios de alojamiento y pasajes para funcionarios públicos. El mes pasado había dispuesto una derogación ampliada de cuatro decretos que obligaban al Estado a contratar servicios de empresas públicas (incluida YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación). Hasta el momento, la administración nacional debía comprar pasajes de avión a la aerolínea de bandera, adquirir combustible a la petrolera nacional y utilizar la banca estatal para pagar sueldos y contratar seguros.
Para la gestión de Javier Milei, las empresas públicas ya no deberán tener "ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica" en la que intervenga". En ese sentido, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias para la efectiva aplicación del referido régimen.
De tal manera, los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, deberán contar con la toma de conocimiento de la Jefatura de Gabinete, debiendo iniciarse a tal fin el trámite administrativo correspondiente con una antelación mínima de diez días hábiles previos al traslado de la misión o comisión. En este caso, se recomienda limitar las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior a un máximo de un funcionario por evento o actividad a realizarse.
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La resolución establece que los traslados deberán efectuarse por la vía más corta y de menor costo; ambos factores deberán tenerse en cuenta, priorizándose el primero por sobre el segundo, tanto a la ida como al regreso. Con el fin de tramitar los desplazamientos en los términos antes mencionados deberán gestionarse con la suficiente antelación, a efectos de posibilitar el acceso a las mejores tarifas y rutas ofrecidas por el mercado. Para lograr los estándares antes mencionados se seleccionará la aerolínea que realice la ruta más corta y cuente con la tarifa más apropiada, en la medida en que ello fuera posible, lo que deja afuera el estatus de privilegio de la línea de bandera.
El funcionario o la autoridad que se hubiera trasladado en misión oficial o comisión de servicio al exterior deberá presentar ante su jurisdicción, dentro de los cinco días de la fecha de su llegada, la “Declaración Jurada de Resultado de Gestión Internacional y Rendición de Viáticos y Gastos de Alojamiento”.
El objetivo de vender Aerolíneas
En otro paso hacia su objetivo de privatizar Aerolíneas, el Gobierno estableció las condiciones para que cualquier operador aerocomercial pueda brindar asistencia en tierra a aviones y pasajeros en los aeropuertos de todo el país, interponiéndose con la operatoria de Intercargo que era el único operador que podía prestar estos servicios a terceros.
Las aerolíneas comerciales serán los primeros operadores habilitados y certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para brindar servicios de handling, que incluyen servicios de rampa y pasajeros, a otras compañías aéreas. En los próximos días la ANAC instrumentará la medida que permitirá reglamentar la disposición para la habilitación de más operadores logrando una mayor competitividad y ampliación en la oferta del servicio en los aeropuertos, informó la Secretaría de Transporte.
Por lo tanto, en primera instancia las compañías aéreas podrán prestar servicios a otras empresas. Y luego, en una segunda etapa, se avanzará para que cualquier persona física o jurídica que cumpla las condiciones necesarias de seguridad operacional y aerocomerciales pueda prestar estos servicios en todos los aeropuertos del país.
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