La AFIP detectó serias irregularidades en el blanqueo de capitales que llevó a cabo el gobierno de Cambiemos, lo que haría caer la adhesión de esos casos. En las acciones de control desplegadas sobre los beneficios de la Ley 27.260, cerca de 250 blanqueos presentaron irregularidades. La finalización de tales casos con la pérdida efectiva de los beneficios proyecta una recuperación de recaudación de aproximadamente 1200 millones de pesos.
Si bien hace dos años que se viene trabajando sobre las inconsistencias en el ingreso a ese blanqueo, hasta ahora la AFIP no había tomado la decisión de hacer caer esta operación, una facultad que tiene el organismo si detecta irregularidades en la formalización de activos por la ley dictada en 2016.
La decisión se conoce luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelara este miércoles nuevos detalles respecto de tres estructuras offshore del empresario argentino Nicolás Caputo reveladas a partir de las filtraciones de Pandora Papers, algunas de las cuales fueron blanqueadas con el gobierno anterior. Las cuentas de Caputo, el "amigo del alma" del ex presidente Mauricio Macri, en Caimán eran utilizadas para controlar una cuenta bancaria en Suiza. Esta cuenta y sus controlantes fueron declaradas en el blanqueo que impulsó el exmandatario en 2016.
"Los contribuyentes analizados evidenciaron inconsistencias en el acceso a los beneficios de la citada ley, dado que la misma no permitía el blanqueo de bienes o tenencias a quienes estuvieran condenados por delitos comunes, por ley penal tributaria, los declarados en quiebra, los procesados por delitos económicos, y los funcionarios o empleados públicos que por su categoría o función no se encontraran habilitados para hacerlo", explicaron a El Destape fuentes de la AFIP.
Dicha exclusión se hace extensiva a familiares de determinado grado de parentesco. "Finalmente, la detección de bienes no exteriorizados -en el blanqueo con anterioridad al mismo-, hace pasible la pérdida de los beneficios señalados", aclararon desde el ente que conduce Carlos Castagneto.
En mayo de este año, previo a su renuncia, Juan Pablo Fridenberg, quien estaba a cargo de una de las áreas más importantes del área jurídica de la AFIP y tuvo una crucial intervención en la operación de blanqueo de capitales de la familia Macri, dictaminó que dos tercios de los 35,5 millones de dólares que blanqueó el hermano del ex presidente Mauricio Macri, Gianfranco, no debieron haber sido incluidos en el beneficio porque en realidad no pertenecían a él sino a su madre, quien sí estaba alcanzada por una ley del Congreso que impedía blanquear a familiares directos de funcionarios públicos.
Más allá de este caso, la DGI continuó avanzando en las denuncias y se podrían perder beneficios parciales del blanqueo.
Acuerdo contra la evasión
Este lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, le solicitó a David Lipton, principal asesor de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que el gobierno estadounidense active el proceso de acuerdo entre la AFIP y su par norteamericano, el Internal Revenue Service (IRS), para que comparta información "en tiempo real" de cuentas no declaradas de argentinos en este país. El foco está puesto en el Estado de Delaware, un minúsculo territorio que alberga el principal territorio offshore, hacia donde se dirige el grueso de la fuga de capitales y cuentas no declaradas de empresas y personas argentinas.
En el Gobierno estiman que allí radica una base imponible sin declarar de más de 100 mil millones de dólares. El objetivo es cobrar el impuesto a los Bienes Personales a ese dinero que no tributa en el país y Ganancias sobre los intereses que genera. Fuentes oficiales reconocieron a El Destape que no sólo se trata de activos o cuentas creadas durante el macrismo, donde la salida de divisas fue exponencial, sino de dinero que se encuentra oculto en jurisdicciones offshore que tienen larga data. De todos modos, las miradas está en los últimos años.
Sólo durante el gobierno de Cambiemos, según estimaciones del Banco Central, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Sin embargo, las estimaciones de dinero fuera del radar del ente recaudador ascendería a 290.000 millones de dólares.
El intercambio vigente es de caso por caso y no automático como el que rige con otros países, pero aun así, en cuentagotas, la AFIP puede contar con valiosa información de la IRS. Si bien Estados Unidos brinda esa información, con este esquema no se requeriría de una medida judicial que, paradójicamente (o no tanto) se traba en la Argentina y no en el país del norte.
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