Por Delfina Rossi, economista y directora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
En las últimas semanas la caída en el precio de los títulos de deuda pública y el aumento en la cotización de los dólares paralelos llevó nuestra economía a una situación de extrema fragilidad. La profundización de los controles cambiarios y las nuevas medidas anunciadas por la ministra Batakis junto con el resto del equipo económico, buscan frenar las presiones para una fuerte devaluación. La raíz del problema es el mismo de siempre: una economía bimonetaria.
El 8 de julio pasado en El Calafate, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló nuevamente los problemas que genera el bimonetarismo y la necesidad de lograr acuerdos para resolver esa característica estructural que limita el crecimiento de nuestro país. En particular, porque las políticas llevadas adelante por el macrismo profundizaron el problema. Entre el 2015 y el 2019 se implementó un nuevo proceso de liberalización financiera. Y terminó igual que en los otros periodos: elevada deuda externa, destrucción de la industria nacional y fuerte caída del ingreso de las y los argentinos. Profundizando para las generaciones futuras la insuficiencia crónica de divisas (restricción externa) que limita nuestro desarrollo y crecimiento económico.
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El pecado original del gobierno de Juntos por el Cambio fue desarmar gran parte de las regulaciones que se crearon a la salida de la convertibilidad para dotar de menos vulnerabilidad a nuestra economía. En particular, en pos de dotar de solvencia al mercado cambiario y financiero argentino se implementó un nuevo sistema de regulaciones, que entre otras medidas: creó al Mercado Único y Libre de Cambios, dio mayores herramientas de control al Banco Central, redujo los plazos para la liquidación de exportaciones en el país para reducir la volatilidad cambiaria, aumentó el tiempo obligatorio de permanencia de las inversiones financieras y mejoró su registro, limitó el destino de los préstamos en dólares de los bancos y finalmente reglamentó mediante el concepto de formación de activos externos la compra de dólares para atesoramiento.
En ese período, las regulaciones (o desregulaciones) impuestas tuvieron un carácter laxo, ejecutado a través de decretos y resoluciones del Banco Central, tales como la exención de la obligatoriedad de liquidación de exportaciones, eliminación del tope a la compra de moneda extranjera, permiso para realizar operaciones de cambio de muy corto plazo (también llamados capitales "golondrina") y la liberación de las tasas de interés de referencia, entre otros aspectos.
De esta forma, la gestión económica del macrismo se caracterizó por desregular el acceso al mercado de cambios y avalar la fuga de capitales financiada con deuda tomada por el sector público. Para finales de 2019, la deuda había crecido en total en USD 100.000 millones, la cual incluía no solo deuda con acreedores privados, sino también un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 57.000 millones, con un desembolso de casi USD 45.000 millones. Acuerdo excepcional en al menos tres aspectos: magnitud, tiempos y forma. La deuda pública pasó de representar 52,6% del PIB a fines de 2015 al 90% en 2019.
Al mismo tiempo, la formación de activos externos (FAE) de los residentes se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. Mientras en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó a USD 45.100 millones. Adicionalmente, la salida de dólares del país presentó una notable concentración en pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones, de los cuales sólo los 10 principales compradores se llevaron USD 7.945 millones.
A partir del 10 de diciembre del 2019 cambió la gestión de gobierno y con ello el rumbo económico del país. Bajo la actual administración los controles a la compra de divisas se fueron incrementando, de acuerdo a la necesidad de dólares heredada de la desregulación vigente hasta el momento. En relación a la deuda externa, se reestructuró la correspondiente con acreedores privados y con el FMI.
Sumado a la revisión de lo ocurrido en los últimos años en la Argentina, cabe mencionar que hace ya más de una década que el propio FMI advirtió sobre la necesidad de atender con medidas específicas los flujos de capitales especulativos a fin de aliviar las presiones cambiarias (apreciación inicial seguida de depreciaciones) y los episodios de sudden stops asociados a shocks que restringen la liquidez global e incrementan el grado de aversión al riesgo hacia las economías emergentes y países en desarrollo.
Tanto la historia de nuestro país como la teoría económica ponen de manifiesto la necesidad de limitar el desarme de las regulaciones cambiarias. Un acuerdo entre la dirigencia argentina en ese sentido puede ser el primer paso para comenzar a desarmar el bimonetarismo.
Con información de Télam
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