El Gobierno aprobó los modelos de contrato de garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de contragarantía con la provincia de Neuquén, para que esta última reciba un crédito de 40 millones de dólares para proveer financiamiento productivo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El mismo aprueba tanto el modelo de contrato de garantía que suscribirá el Estado Nacional con el BID, como el modelo de contrato de contragarantía que Nación establecerá con Neuquén. Esto responde a una propuesta del BID para afianzar las obligaciones financieras que Neuquén va a contraer, y es un procedimiento que suele realizar en los préstamos del organismo a las provincias.
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El Estado Nacional se constituye en “fiador solidario de todas las obligaciones financieras” que contraiga Neuquén en el contrato de préstamo que firmó con el BID. Como contrapartida, la provincia se compromete a cancelar al Estado los importes en efectivo y en los plazos previstos.
De lo contrario, el Banco Nación podrá retenerle los fondos correspondientes al Régimen de Coparticipación para atender las obligaciones de pago por hasta el total del monto adeudado.
El crédito en cuestión, aprobado en octubre pasado por el BID, tiene el objetivo de “contribuir a la recuperación productiva y la sostenibilidad del empleo” en Neuquén a través del otorgamiento de financiamiento productivo a mipymes. De esta forma, estas firmas podrán acceder a créditos en condiciones favorables, ya sea a través de nuevas líneas de financiamiento directo mediante un fideicomiso creado por la provincia, como de garantías otorgadas por el Fondo de Garantías de Neuquén.
Según indicó el BID, serán beneficiarias del programa unas 200 mipymes de los sectores agropecuario, forestal, minero no metalúrgico, industrial, comercial y de servicios. A la hora de otorgar los créditos se asegurará que al menos el 25% de la cartera se destine a empresas lideradas o de propiedad de mujeres, y que al menos el 30% se coloque en inversiones que contribuyan a la mitigación o la adaptación al cambio climático.
En el contrato se asegurará que, con los recursos del programa, accedan a créditos o garantías al menos 20 empresas de poblaciones indígenas y 10 de personas con discapacidad.
Además de los préstamos, el programa contempla brindar asistencia técnica para implementar estudios en los sectores priorizados que permitan contar con datos desagregados por rango etario, sexo, etnicidad y discapacidad, así como identificar acciones de apoyo específico a dichos sectores para acortar brechas de género o de poblaciones diversas.
Se identificarán también las necesidades y oportunidades para inversiones verdes, apoyando a la demanda de financiamiento de las subpoblaciones identificadas. El préstamo, de 40 millones de dólares, tendrá un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5 años y medio, y una tasa de interés basada en la SOFR que publica la Reserva Federal de Nueva York.
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