Un grupo de organizaciones civiles locales e internacionales pidieron hoy al Congreso que lleve adelante una revisión de la asignación de gastos tributarios, por entender que su continuidad perpetúa "beneficios de unos pocos" en detrimento del resto de la sociedad.
"Para garantizar que los derechos humanos sean realizados en condiciones de igualdad para todas las personas sin distinción, no podemos dejar que unos pocos se beneficien a costa del resto de la sociedad", señalaron las entidades en un documento conjunto.
Los gastos tributarios son una serie de exenciones impositivas y beneficios promocionales que el Estado nacional otorga a diferentes actividades y regiones y que "podrían alcanzar casi el 3% PBI de Argentina".
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"Dichos beneficios no se revisan, evalúan ni justifican en base a evidencia a pesar de que representan un 16% de la capacidad de recaudación impositiva y el 13% del gasto nacional", indicaron las asociaciones, que destacaron que "este año, por primera vez se incorporó en el Proyecto de Presupuesto para 2023 un anexo que propone la revisión de algunos gastos tributarios".
Al respecto, señalaron que "año a año el Estado argentino potencialmente dejaría de recaudar un monto de dinero equivalente a 3.664.818 millones de pesos por gastos tributarios, más de 5 veces la inversión en la Asignación Universal por Hijo/a" y aclararon que "algunos de esos beneficios los reciben grandes empresas y sectores concentrados de la economía".
Asimismo, recordaron que el Ministerio de Economía resaltó en la presentación del proyecto de Presupuesto que "el peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional".
Las entidades que reclaman la revisión de los gastos tributarios son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Amnistía Internacional Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales, Center for Economic and Social Rights, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación SES y Fundar - Centro de Análisis e Investigación de México.
También figuran la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brasil), International Budget Partnership, Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y The Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights
En un comunicado, aseguraron que los gastos tributarios "constituyen una excepción del principio general de igualdad que debe regir en las cargas públicas y del costo que significan para el Estado, la falta de previsión de objetivos claros y de transparencia, así como la falta de mecanismos de evaluación adecuados sobre sus ventajas y desventajas, dan lugar a la implementación de privilegios fiscales".
"Esta situación no se da solo en Argentina, es similar en el resto de los países de América Latina". advirtieron.
En ese marco, señalaron que "los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal reconocen que si bien ciertos gastos tributarios pueden tener fines loables -por ejemplo, cuando buscan aliviar la situación de personas y familias de bajos ingresos-, otros tienden a beneficiar a sectores con altas rentas y generar privilegios fiscales".
"Por eso, disponen que la política de gastos tributarios, como toda actividad gubernamental, debe estar guiada por el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado" e implementarse "con respaldo en una evaluación técnica significativa sobre su potencial efectividad y acompañados por mecanismos que garanticen su transparencia y una adecuada rendición de cuentas".
Con información de Télam
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