A pesar de que el oficialismo en el Congreso negoció quitar al Banco Nación del listado de organismos estatales a privatizar, el gobierno de Javier Milei lo transformó en una sociedad anónima. Se trata del paso previo al desprendimiento total por parte del Estado del principal prestamista del país y pagador de prestaciones de la Anses.
En abril, el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, había anticipado esta jugada: “No es un tema que hemos dejado de lado, al contrario. Es un debate que vamos a dar otra vez". La decisión de La Libertad Avanza (LLA) apunta a recaudar dólares a través de la venta del banco más grande del país, con 17.700 empleados y más de 650 sucursales.
A principios de diciembre, la Comisión Nacional de Valores liberó el camino para las privatizaciones de las compañías públicas a través del mercado de capitales. El organismo allanó algunas disposiciones aplicables a la oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) para eliminar algunas “barreras regulatorias” que complicaban el proceso para transferir parte de las participaciones accionarias del Estado a un adquiriente privado. Además, también cambió el régimen especial de información de tenencias accionarias en emisoras que revistan la calidad de “mercados” bajo oferta pública. Ahora, Milei decretó el inicio del proceso privatizador del BNA.
De acuerdo al ranking de agentes pagadores de junio que publica el portal de transparencia de Anses, existen 38 canales de cobro disponibles y el primer puesto lo detenta el Banco Nación. Según el último reporte disponible del organismo previsional, la entidad paga 5.062.146 liquidaciones, una cifra que se compone de 2.243.804 jubilaciones y 2.818.342 prestaciones activas.
El titular del Gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó en El Destape Radio que el Banco Nación podría ser vendido a 30.000 millones de dólares y que su transformación a Sociedad Anónima es un primer paso a la privatización que deberá contar con la aprobación del Congreso.
Banco Nación: reparos judiciales
En septiembre, la Justicia Federal de La Plata resolvió que el Directorio del Banco Nación no puede avanzar con su intento de transformar al Banco en una Sociedad Anónima ni con su intento privatizador. Más precisamente, el juez federal de primera Instancia, Alejo Ramos Padilla, resolvió “declarar que el DNU 70/2023 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Los fundamentos son muy claros. En primer lugar, la Resolución 348 del Directorio del BNA donde se contrató a un Estudio Jurídico (Liendo & Asociados SH) para llevar a cabo el proceso de transformación a Sociedad Anónima del Banco, está basada en una mera interpretación que el propio Directorio hace sobre el DNU 70/2023. Porque el artículo 48 del DNU no habla en ningún momento de entes autárquicos. En palabras del propio Juez: “En definitiva, puede concluirse de la lectura de la norma que los entes autárquicos no fueron expresamente incluidos en el art. 48 del Decreto 70/23, lo que impediría su aplicación al Banco de la Nación Argentina”.
El Banco Nación es una entidad autárquica creada por el Congreso y cualquier modificación al respecto debe emanar del mismo órgano: “Por ello, debe concluirse que el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional y que, por lo tanto, también es éste el único poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter. Cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”.
Es decir, ni el DNU 70/2023 ni la Resolución 348 tienen el poder suficiente para transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima ni para llevar a cabo un proceso privatizador y que la única forma de poder hacerlo sería a través de una ley dictada por el Congreso.
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