Piden a la Justicia que investigue dónde está el oro del BCRA

Las reservas en oro fueron sacadas subrepticiamente del país con destino desconocido. El BCRA sólo informó de transferencias exitosas “entre sus diferentes cuentas” sin precisar el destino. Ahora quieren que la Justicia aclare el destino. 

03 de diciembre, 2024 | 15.53

La Justicia tendrá la posibilidad de investigar el destino que tuvo el oro físico de las reservas internacionales de Argentina que fue sacado subrepticiamente de las bóvedas del Banco Central en varias oportunidades y determinar las responsabilidades penales del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

El diputado provincial Gustavo Pulti presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal para solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de violación de los deberes del funcionario público y malversación de caudales públicos, en los que habrían incurrido el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, el Ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional involucrados en la decisión y posterior traslado de las reservas de oro del Banco Central al exterior. 

“Es inadmisible que el oro de los argentinos se haya sacado del país sin que sepamos dónde está, qué valor tiene lo entregado , qué medidas de seguridad se adoptaron ni qué resultados se esperan. Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación, pero todo lo demás es un oscuro misterio”, afirmó Pulti.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, fue el primero en denunciar el traslado del oro y realizó un pedido de acceso a la información que el BCRA se negó a responder pero reconoció que “cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica” podrá “poner en peligro la seguridad de estos activos”.

El legislador también denunció que “el gobierno de Milei toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal que es exigible para el normal funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia”.

Pese a la negativa a informar del BCRA, el ministro Caputo en una entrevista consideró como “una movida muy positiva” el traslado porque “hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada” y “si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos”.

Ese reconocimiento de Caputo alentó la idea de que fue trasladado a Londres para utilizarlo como garantía en operaciones financieras o simplemente empeñarlo para obtener liquidez en divisas.

El BCRA posteriormente confirmó en un comunicado que “completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas” pero no aportó información sobre el destino físico ni la utilización financiera que hará.

El legislador Pulti consideró que el traslado del oro fue acompañado de un “ocultamiento premeditado”, ya que las solicitudes de información realizadas al BCRA fueron negadas en dos oportunidades, primero por la institución y luego a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Pulti, haciéndose eco de la denuncia de Palazzo, subrayó que la decisión del traslado no cuenta con actas del directorio del BCRA ni disposiciones administrativas firmadas por las autoridades competentes. 

“Es la primera vez que se toma conocimiento de una decisión del Banco Central que compromete el oro ahorrado por los argentinos sin el respaldo de un acto administrativo que lo avale. Nadie en Argentina sabe a dónde fue a parar el oro”, expresó.

El diputado también cuestionó los riesgos asociados a esta operación, incluyendo el posible embargo de las reservas en el exterior, y advirtió sobre los peligros que implica este nivel de falta de transparencia en una democracia. “Si seguimos siendo una democracia y no un régimen absolutista al estilo de las monarquías previas a la Revolución Francesa, la Justicia deberá proporcionar, a través de una investigación, la información que los funcionarios se negaron a dar”, enfatizó.