(Por Daniel Mastropascua) Uno de los capítulos más importantes en la centenaria historia de YPF se vivió diez años atrás, precisamente el 16 de abril de 2012, cuando la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la recuperación de la compañía a través de un proyecto de ley aprobado casi de inmediato por el Congreso de la Nación.
Así comenzaba a ser desandado, no exento de tropiezos, un período aciago de la nave insignia de las empresas argentinas, a partir de la decisión de otro presidente peronista, Carlos Menem, que bajo la tutela de la mayoría legislativa impulsó una ola de privatizaciones en la década del noventa.
En aquel entonces, al amparo de la ley de Reforma del Estado, y con el respaldo de la UCeDe liderada por Alvaro Alsogaray, se avanzó con la privatización de la mayoría de las empresas estatales, perdiendo el control de sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.
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En el caso de YPF, el eslabón inicial fue el cambio de tipo societario al pasar de una Sociedad del Estado a convertirse en una Sociedad Anónima, y posteriormente, en 1999, se produjo el desembarco de la española Repsol, que adquirió el 97,81% de YPF por alrededor de 13.500 millones de euros, ingresando así en el top ten de las mayores petroleras privadas del mundo.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, que siempre tuvo en la mira recortar el dominio casi absoluto de la multinacional Repsol en YPF, se produjo un nuevo desembarco en la integración societaria: el Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, llegó a tener el 25,46% de YPF en distintos tramos, con dinero prestado por la propia Repsol y un grupo de bancos.
Las importaciones de gas y petróleo en el 2011, que generaron un déficit superior a los US$ 3.000 millones, más la desinversión de Repsol alegando la falta de ajustes en las tarifas, marcaron un punto de inflexión en la relación de la petrolera con el Gobierno.
En este contexto, la ex presidenta Fernández de Kirchner, tomó la decisión de "recuperar la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", según sus propias palabras.
"Somos el único país de Latinoamérica -y yo diría casi del mundo- que no maneja sus recursos naturales", señaló, por cadena nacional, la actual vicepresidenta de la Nación.
El proyecto de ley girado al Congreso Nacional declaraba de "utilidad pública y sujeto a expropiación" del 51% de YPF Sociedad Anónima, acciones que se distribuyeron entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OPEPHI).
Unos días después la mayoría oficialista en el Congreso convirtió en ley el proyecto que declaraba de "utilidad pública" el autoabastecimiento de hidrocarburos con 208 votos afirmativos, 32 en contra y 5 abstenciones en la Cámara de Diputados.
A esta saga aún le quedaban varios apartados por desentrañar, comenzando por las negociaciones con Repsol para el pago de la indemnización del 51% de las acciones que habían quedado en manos del Estado Nacional y las provincias productoras de petróleo.
Tras dos años de negociaciones, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció el acuerdo con Repsol, refrendado por la propia multinacional en un comunicado oficial.
La compensación fue de US$ 5.000 millones pagaderos en bonos, más sus intereses: el menú de títulos públicos incluyó Bonar X (US$ 500 millones), Discount 33 (US$ 1.250 millones), Bonar 2024 (US$ 3.250 millones), más un paquete complementario compuesto por Boden 2015, Bonar X y Bonar 2024.
El 25 de febrero de 2014 Repsol comunicaba oficialmente que aceptaba la propuesta argentina, desistiendo de eventuales acciones legales o futuros reclamos, a la espera de la ratificación de la Junta General de Accionistas.
Sin embargo, aún quedan rezagos judiciales por resolver: una demanda en los tribunales de Nueva York que se inició en 2015, cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las compañías del Grupo Petersen, titular de un 25% de las acciones de YPF al momento de ser expropiadas.
Con información de Télam
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