La Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE) reasignó un predio del Ministerio de Defensa en la ciudad jujeña de Perico a la secretaría de Agricultura Familiar de la cartera conducida por Julián Domínguez, entre otras medidas.
La oficina dispuso hoy la reasignación de dos propiedades en desuso pertenecientes al Estado nacional en la ciudad de La Rioja y en Perico, provincia de Jujuy, a través de las resoluciones 1/2022 y 2/2022 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
La resolución 1 establece la transferencia y reasignación de un terreno de 40.000 metros cuadrados perteneciente al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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El terreno, situado en Ruta Provincial Nº 66 S/Nº, en la localidad de Perico, Provincia de Jujuy, será destinado al desarrollo de proyectos de uso agropecuario con la asistencia de dicha secretaría.
Según constataron los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad, se trata de una fracción de terreno en gran parte desocupada y en desuso, y otro sector con sembradíos sin poder verificarse algún ocupante, según los considerandos de la norma.
La Dirección de Inmuebles, Reservas e Infraestructura del Ministerio de Defensa constató que el inmueble se encuentra en condiciones de ser desafectado por resultar innecesario para las competencias, misiones y funciones de la repartición de la Fuerza Aérea.
En la resolución 2, el organismo administrador de los bienes estatales estableció la transferencia de una propiedad de Correo Argentino ubicada en Avenida Presidente Perón Nº 258 Segundo Piso, Ciudad de La Rioja, a Radio y Televisión Argentina S.A (RTA).
El segundo piso del inmueble (la sede central del Correo en la capital riojana), según indica la resolución, será utilizado para la instalación de una radio emisora perteneciente a RTA, mientras que el resto del mismo continuará cohabitado por el servicio postal.
Ambas disposiciones se enmarcan en la decisión del Poder Ejecutivo de hacer prevaler el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.
Con información de Télam