El presidente de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, aseguró que "no hay nada en contra de las importaciones mineras", y señaló que "lo que hay es un trabajo de la AFIP de ir a revisar quienes no se inscribieron como mineros, pero no hay ninguna prohibición".
"Está todo legal. Lo que están haciendo es poner en regla a quienes no se pusieron en regla y estaban operando sin declarar esa actividad económica. Desde siempre la minería paga Ganancias, lo que le corresponde a una actividad que genera una renta. No vemos nada particular", indicó Andragnes a Télam.
Puntualizó que "quizás las notas que salen en los medios donde se habla de la clandestinidad sí son una exageración", pero aseguró que la AFIP "está haciendo el trabajo que siente que tiene que hacer".
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Desde hace varios meses que la AFIP trabaja en el entrecruzamiento de información para detectar, a partir de consumos elevados de energía eléctrica, granjas de criptomonedas no declaradas en distintos puntos del país.
En esas verificaciones presenciales, los agentes constatan la existencia de la documentación de importación correspondiente de los equipos y la correcta registración tanto de la actividad de minería como también los ingresos percibidos.
En la última semana, la AFIP desmanteló una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados en el partido bonaerense de Quilmes, en un mega operativo conjunto con la Procuración General y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que incluyó 70 allanamientos y la detención de 40 personas.
Sin embargo, el tributarista Ricardo Mihura Estrada, integrante de la Comisión Directiva de Bitcoin Argentina, opinó que "la agresividad de la AFIP con la minería casera es difícil de entender".
"Está procediendo directamente a clausurar mineros, únicamente por no exhibir facturas de compra de los equipos, o por no estar inscriptos como contribuyentes. Las facultades que está utilizando son excepcionales, destinadas a discontinuar actividades francamente delictivas, como por ejemplo el contrabando, desconociendo la realidad de que el sector está muy ambiguamente regulado en lo impositivo, concretamente", señaló Mihura Estrada.
A su criterio, "la AFIP primero debería aclarar la normativa aplicable a la actividad, tanto en materia de obligaciones formales como materiales", y añadió que "debería facilitar el encuadramiento en esas normas a quienes ya vienen realizando la minería desde hace tiempo, y recién entonces se entendería el encarar una campaña de fiscalización estricta, para incentivar el cumplimiento".
Con información de Télam
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