Más de 70 mil familias del interior salteño se beneficiarán con la tarifa eléctrica para zonas cálidas que por primera vez implementó el Gobierno provincial, que contempla una reducción en la facturación del 50% para usuarios de tarifa social y del 30% en los residenciales.
Fuentes gubernamentales precisaron que los usuarios que serán beneficiarios corresponden a los departamentos San Martín, Orán, Anta, General Güemes y Rivadavia, además de los municipios de El Galpón, La Candelaria y El Potrero, por tratarse de zonas cálidas.
Las altas temperaturas en esas zonas de la provincia superan constantemente los 40 grados centígrados, lo que genera grandes demandas de energía durante los meses de verano e impacta de forma directa en la economía de los usuarios.
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Frente a ello, el Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ente Regulador de Servicios Públicos, resolvió una reducción en la facturación de ese servicio por los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que se repetirá todos los años, a partir del corriente.
La medida se equipara a lo dispuesto en las provincias de San Juan y Santiago de Estero, por zonas cálidas, y a la tarifa por zona fría en el sur del país, durante los meses de invierno.
Los voceros indicaron que, ante el pendiente tratamiento de al menos cinco proyectos de ley con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, de legisladores del NOA y el NEA que buscan la creación de una tarifa eléctrica especial por “zona cálida”, el Gobierno de Salta decidió avanzar inmediatamente en los subsidios provinciales, que alcanzan a un total de 73.581 usuarios.
Del total, el 47% cuenta con una tarifa social, por tratarse de familias salteñas en estado de vulnerabilidad, por lo que el descuento es del 50%, mientras que el resto será bonificado con el 30% de la tarifa.
En términos monetarios el ahorro que puede tener el usuario, según su categoría y consumo, puede alcanzar entre los $1.600 y los $4.000 mensuales, indicaron las fuentes.
A esto se le suman otras medidas para usuarios residenciales dispuestas directamente por el gobernador Gustavo Sáenz, tales como la suspensión de cortes del servicio, del cobro compulsivo por parte de la compañía distribuidora de la energía Edesa SA, y la orden de financiamiento en hasta 12 cuotas con tasa de interés media.
Además, las multas a la prestadora del servicio aumentaron hasta un máximo de $100.000.000 y la empresa distribuidora de energía eléctrica deberá invertir este año más de $1.050.000.000 en obras para mejorar el servicio.
La reformulación del sistema sancionatorio incluye la imposición de límites de frecuencia y duración de cortes de servicio.
Con información de Télam
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