La Justicia Federal rechazó una cautelar presentada por una empresa que pretendía saltear los controles para importar y avaló así al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
En el marco del expediente 11386/2023, el Juzgado en los Contencioso Administrativo Federal Nº 6 rechazó una cautelar presentada por la firma Texcore SRL, informó hoy la Aduana.
"Las divisas no se pueden destinar a empresas que pretenden saltear los controles de importación, debemos trabajar para sostener el empleo y la producción de aquellos que cumplen con la ley", resaltó el director general de Aduanas, Guillermo Michel.
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En la resolución, el juzgado indicó que la documentación acompañada por la empresa se encontraba incompleta, al carecer del número de aprobación de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) en virtud de la mercadería involucrada (textiles).
Para la Justicia, "dichas circunstancias impiden tener por acreditada la verosimilitud del derecho alegada por la parte actora".
"Por ello que no corresponde hacer lugar a la medida intentada respecto de las declaraciones juradas SIRA nº 22001SIRA001658F; 22001SIRA001058W; 22001SIRA001069B y 22001SIRA001925", indicó el juzgado quien dispuso además "rechazar la medida cautelar solicitada por Texcore SRL".
La Aduana recordó que, previo a la implementación del SIRA, a octubre de 2022 el stock de medidas cautelares vinculadas al "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones" (SIMI) sumaba 3.146 presentaciones por un valor FOB total de US$ 2.521,7 millones.
En tanto, el stock de cautelares vigentes respecto de SIMI en estado de salida y con cumplimiento al artículo 5º de la ley 26.854 de cautelares, asciende a casi US$ 20 millones, menos del 1% del monto original, agregó.
La dependencia oficial recordó que una importante cantidad de empresas que lograron una orden judicial para llevarse dólares oficiales, luego las "alquilaron".
Al respecto, la Aduana denunció que la empresa Yoko S.A. no utilizó la "cautelar" en los términos que la obtuvo y que "transfirió" la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de la empresa Tropea S.A.
Además, hay cautelares donde no se cumplía el peligro en la demora.
En este caso, reveló que la firma Barpla SA había argumentado "peligro de demora" ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, pero había logrado validar la salida de 39 SIMI (procedimientos para autorizar importaciones, en este caso de textiles) durante 2020 y 2021.
Sin embargo, remarcó la Aduana, hasta el 16 de agosto pasado había utilizado US$ 21 millones y le quedaba un margen superior a los US$ 107 millones de libre disposición; sin embargo, la empresa decidió desistir de la cautelar.
Otra práctica fue la venta de mercadería en zona primaria aduanera a firmas que tenía medida judicial favorable: así además evitaban el pago de IVA e Ingresos Brutos porque, en teoría, todavía no estaban ingresadas formalmente a Argentina.
La mercadería incorporada a través de esa SIMI que esquivó la validación del fisco por tener ese aval judicial le fue transferida luego, a través de una venta de la empresa Harlye SA a favor de la firma Tela 770 SRL, mediante una factura A fechada recién el 19 de octubre de 2022, casi un mes después de que hubiese sido beneficiada por la medida cautelar por casi US$ 3 millones.
Con información de Télam
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