El colegio de Auditores Generales de la Nación (AGN), trató hoy dos informes referidos a la deuda externa correspondientes a préstamos internacionales que tuvieron como destino financiar diferentes programas del sector publico, según informó el ente en un comunicado.
Las líneas de créditos fueron otorgadas, en este caso, por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) correspondientes a los programas Prini I (Programa de apoyo al plan nacional de primera infancia, a la política de universalización de la educación inicial), y el "Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por Covid-19 en
la República Argentina".
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El informe referido a la emergencia por Covid-19, tratado en la Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública, presidida por el auditor general Francisco Javier Fernández generó un importante debate.
El informe de larga exposición en sus hallazgos y referencias a la respuesta del auditado (Ministerio de Salud), indica que la auditoría del uso de los fondos (100% examinados) y las inversiones realizadas con esos fondos, tuvieron una opinión favorable sin salvedades por parte del equipo técnico de la AGN.
Las compras efectuadas en el marco de dicho préstamo fueron exhaustivamente analizadas y respondidas en su totalidad por parte del auditado. La utilización de precios de referencia o el portal Comprar, fueron explicados de manera precisa y extensa en cuanto se trata de un marco regulatorio propio del banco financiador (BM).
Fernández señaló que el trabajo expuesto por el equipo actuante es muy importante, detallado y logrado desde el punto de vista de una auditoría financiera.
El informe fue aprobado por mayoría, con los votos afirmativos del presidente de la Comisión de Deuda, Javier Fernández, el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, los auditores generales Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, y Alejandro M. Nieva, la auditora general María Graciela de la Rosa, a su vez el auditor Miguel Ángel Pichetto votó en disidencia.
El informe del prestamos del Prini I, suscrito en octubre de 2017, fue aprobado por unanimidad.
Fernández, presentó un video a modo explicativo y señaló que el principal hallazgo respecto a la evolución y su financiamiento demostró que hubo demoras en su ejecución y en el impacto en la disponibilidad financiera para el logro de las obras.
Esta demora de tres años (2017-2019) implicó que el inicio de la ejecución de las obras haya tenido lugar cuando ya había finalizado el plazo original para iniciar los desembolsos del BID.
Con información de Télam
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