El proyecto de Presupuesto 2023 de la provincia de Buenos Aires, que contempla gastos por $6,9 billones, y la Ley Impositiva, que prevé una menor carga impositiva para más del 90% de los contribuyentes, ingresaron formalmente hoy a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La iniciativa enviada por el gobierno de Axel Kicillof supone además un déficit primario de $81.000 millones y un déficit financiero de $249.000 millones, e incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera y en moneda local por $168.062 millones.
Según explicó el ministro de Hacienda, Pablo López, en declaraciones a Télam, la propuesta "apuesta a un Estado presente que logre cerrar las brechas en términos de infraestructura productiva y social existentes, además de impulsar el proceso de desarrollo a través de una política productiva activa, que fomente el cambio tecnológico y la generación de nuevos puestos de trabajo".
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En ese marco, detalló que para el año próximo "sigue creciendo la inversión en obra pública, se profundiza la inversión en salud, educación, vivienda y seguridad, con la perspectiva de género como eje transversal y, además, se incluye la perspectiva ambiental".
De ese modo, para la producción y empleo se destinarán $14.000 millones; para la promoción social, $280.000 millones; para infraestructura, $550.000 millones; para salud, $162.000 millones; para educación y cultura, $1.827 millones; para seguridad, $62.000 millones; para perspectiva de género, casi $ 129.000 millones, y para la ambiental, casi $ 12.000 millones.
En el mensaje de la iniciativa ingresada hoy, al que tuvo acceso Télam, se indicó que "para lograr una transformación estructural en la provincia, el Estado debe cerrar las brechas estructurales en términos de infraestructura productiva y social existentes" y se destacó que debe "impulsar el proceso de desarrollo a través de una política productiva activa que fomente el cambio tecnológico y la generación de empleo".
Así, señala que "es por eso que en 2023 continuarán siendo ejes prioritarios de la gestión la mejora de la infraestructura de salud, educativa y en seguridad, así como de acceso a la vivienda".
En tanto, el proyecto de Ley Impositiva prevé una reducción en términos reales en los impuestos patrimoniales, para el 90% de los contribuyentes, al establecer para el año 2023 topes inferiores al 60% anual.
En el caso del Impuesto Inmobiliario, tanto Rural como Urbano, tendrán incrementos inferiores al 60%, mientras que para el Impuesto Automotor, se estableció un tope del 40%.
A la vez, en Ingresos Brutos se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del incremento del 95% del monto máximo de facturación.
"Con el objetivo de alcanzar una economía con mayor grado de formalidad, acompañando desde el Estado a las y los pequeños contribuyentes, se mantiene el incentivo que brinda la exención por 12 meses para aquellos/as nuevos/as monotributistas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos", se apuntó.
"En lo concerniente al impuesto a los Automotores y/o Embarcaciones Deportivas, dado
que se actualizan en base a los valores de mercado, se readecúan las tablas de valuación y alícuotas con el objetivo de producir un descenso en la alícuota media del parque automotor", se indicó en la propuesta.
Mientras que respecto al impuesto de Sellos, se plasman las mismas alícuotas que en años anteriores y en el caso del impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, se propone mantener el grado de tributación legal vigente, actualizando las tablas en la misma magnitud que se actualizaron las bases imponibles.
Desde esta semana, la propuesta será debatida en comisiones de ambas cámaras, desde donde se invitará a ministros para que brinden precisiones sobre las partidas que se destinarán en cada área de gobierno durante el año próximo.
El oficialismo no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo que requiere el respaldo de Juntos por el Cambio para avanzar con las iniciativas, por lo que deberá haber acuerdo -sobre todo- en el capítulo del endeudamiento incluido en el proyecto que requiere de los dos tercios de los votos.
En este marco, no se descarta que en las negociaciones el gobierno analice incorporar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) requerido por los intendentes.
Con información de Télam
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