La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración para la explotación de la mina de cobre Cerro Amarillo de Malargüe ingresará mañana a la Cámara de Diputados de Mendoza, tras haber sido aprobada la semana pasada por el Senado provincial.
La explotación usará el sistema de perforación de diamantina en esta formación que se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad cabecera de Malargüe, 320 kilómetros al sur de la capital provincial, recordó el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.
La Argentina en uno de los principales países del mundo con potencialidad para producir el mineral que se usa para telecomunicaciones, transporte e industria y que quintuplicará su demanda en los próximos cinco años, remarcó la cartera económica.
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El cobre es uno de los minerales con mayor demanda y mayor proyección a futuro en el mundo por sus múltiples aplicaciones en la construcción, las telecomunicaciones, la electrónica y el transporte.
El objetivo del Gobierno de Mendoza es no sólo agregar nuevas actividades económicas a la provincia sino también explorar un yacimiento ubicado sobre la misma formación geológica en la que se encuentran algunas de las principales minas de cobre de Chile.
Con el visto bueno para la exploración, el Ejecutivo quiere determinar el volumen y la calidad del mineral, demandado por grandes potencias como China y Estados Unidos.
Según un informe de la consultora Wood Mackenzie, la demanda de cobre se multiplicará por cinco en los próximos años por la fabricación de vehículos eléctricos, la transición del sector productivo de fuentes de energía fósil hacia las alternativas renovables o de menores emisiones de CO2, el almacenamiento energético y el aumento de la instalación de redes eléctricas.
La información disponible, así como los estudios previos, indican que Cerro Amarillo es un yacimiento de pórfidos de cobre, principal fuente de cobre a nivel mundial y parte de grandes sistemas hidrotermales que se han formado en zonas de colisión de dos placas terrestres.
El proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, por lo que no existiría ninguna potencial afectación del agua en el Sur mendocino; y, según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, no existe factibilidad de afectación a los glaciares relevados en la zona.
Un proyecto de estas características, de resultar factible, puede requerir una inversión para su construcción de entre US$ 3.000 y 4.000 millones, más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación.
Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, alrededor de 80% de la inversión minera queda en el país e impacta en las economías regionales de manera inmediata.
Este proyecto contempla la exploración de cuatro áreas de cateo y una mina, con la perforación de nueve pozos exploratorios de no más de 400 metros de profundidad, que ayudará a determinar el potencial geológico del yacimiento.
Con información de Télam