El procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó hoy que “no procede el avocamiento” -similar a la figura del per saltum- del máximo tribunal provincial en el expediente por el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, aunque establece una serie de controles institucionales externos sobre el juez civil y comercial de la causa, informaron fuentes judiciales.
El dictamen del procurador no es vinculante, pero es el paso previo necesario a la resolución que adopte la Corte santafesina sobre el controvertido concurso de Vicentin, por unos U$S1.500 millones.
El avocamiento fue solicitado por una empresa del Grupo Grassi, acreedora de Vicentin, al considerar que existieron una serie de “inconductas procesales” y arbitrariedades durante el proceso por parte de juez, Fabián Lorenzini.
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El presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto por el cual le sacó el expediente a Lorenzini por vía del avocamiento y suspendió los plazos procesales, por lo que la oferta de pago que Vicentin presentó en el concurso quedó frenada.
En su dictamen, Barraguirre opinó que “la pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”.
“Finalmente y, aún en ausencia de previsión legal, el contenido de las aseveraciones efectuadas por el solicitante, las que me llevan a concluir que la gravedad institucional no ha sido demostrada”, abundó el procurador, para rechazar el remedio propuesto por el presidente de la Corte a instancias de un acreedor.
Pero en forma paralela a esa posición, que le devuelve el expediente al juez natural, Barraguirre sugirió en su dictamen establecer una serie de medidas de control externo del concurso.
Entre ellas, el procurador planteó la intervención de la comisión legislativa del seguimiento del caso de Vicentin y la de un fiscal extra penal.
En Santa Fe solo hay tres en toda la provincia, precisaron fuentes judiciales.
En el dictamen de 52 páginas, Barraguirre también puso el acento en la controvertida propuesta de pago -llamada acuerdo concordatario- de Vicentin a sus acreedores.
“Un cuidado fundamental está dado en relación a la propuesta de pago: tal como está formulada, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”, advirtió el dictamen.
Un grupo de acreedores cuestionó precisamente el acuerdo presentado por la firma en cesación de pagos, al considerar que es “abusivo” porque para quienes tienen un mayor monto de créditos la propuesta implica la cancelación de un 20%.
Además, la propuesta presentada por Vicentin al juez Lorenzini implica -para poder hacerse efectiva- la venta del 16% de las acciones que aún conserva en la planta de Renova a su socia en esa misma empresa, Viterra Argentina, exGlencore.
Pero existen dos medidas cautelares, dispuestas por jueces penales que investigan un presunto fraude por U$S500 millones por parte de los directivos de Vicentin durante el proceso de default de la agroexportadora, que impiden la venta de esas acciones.
El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembros de la comisión legislativa que sigue el concurso, dijo hoy que “el reciente dictamen del procurador Barraguirre rechaza la supuesta propuesta del grupo empresarial y deja abierto el terreno para que una vez más el Gobierno nacional tome cartas en el asunto”.
“Recuperar Vicentin para el pueblo argentino no es una posibilidad, es una necesidad existencial colectiva”, sostuvo el diputado.
Además, señaló que “la gran estafa de Vicentin debe ser pagada por quienes la perpetraron. Los directivos ya varias veces procesados como también los cómplices que tuvieron en el Banco Nación y en el Central, con el total conocimiento del ex presidente Mauricio Macri”.
Con información de Télam
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