La Secretaría de Economía del Conocimiento modificó los tipos de proyectos elegibles del Programa Innovación Abierta para Municipios e incrementó un 900% el tope de Aportes No Reembolsables (ANR) para financiarlos, a través de la resolución 92/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La iniciativa, lanzada en febrero del año pasado, tiene el objetivo de resolver problemáticas de gestión comunes de los municipios de las diferentes provincias a través de “procesos de innovación abierta y la utilización basada en la economía del conocimiento”.
Gracias a una ampliación presupuestaria para el programa, la Secretaria dispuso aumentar el monto máximo a ser otorgado por proyecto en ANR de $ 20 millones a $ 200 millones, lo que implica un aumento del 900%.
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Estos aportes pueden ser desembolsados en diversas modalidades como pago único, o por tramos parciales según los objetivos logrados o los gastos realizados.
Del mismo modo –señalan los considerandos- se realizó una serie de modificaciones en la iniciativa en función de los cambios en el organigrama de la administración pública desde que se creó y por la “alta demanda que generó la implementación del programa”.
Los proyectos que son elegidos se realizan en base a la capacidad de resolver problemáticas de gestión que son planteadas por los municipios.
Las propuestas pueden ser presentadas por pequeñas y medianas empresas (pymes), compañías emergentes (startups), universidades, centros tecnológicos, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil.
La modificación de hoy incorpora la figura de los “municipios adherentes” para poder darle mayor “federalización y territorialidad” al programa: jurisdicciones que podrán recibir las soluciones desarrolladas en el programa pero que no tendrán derecho a voto al momento de definir los desafíos que se resuelvan financiar.
Del programa podrán participar hasta 12 municipios por cada provincia con representación de jurisdicciones de todos los tamaños demográficos.
En la selección de municipios, las provincias tienen que contemplar jurisdicciones con desafíos vinculados, entre otras temáticas, a la salud, educación, agua y saneamiento; energías renovables, generación de empleo, conectividad, digitalización de sistemas de gestión, industria e infraestructura; acción por el clima, y transporte púbico.
Luego de inscribirse, representantes de los municipios participan de talleres regionales de trabajo para identificar los desafíos fomentando la interacción entre ellos.
Finalmente, por consenso, los representantes regionales elegirán las problemáticas de gestión que luego serán tratadas en un encuentro nacional donde se seleccionarán, nuevamente por consenso, entre cinco y diez desafíos cuyas soluciones serán financiadas, en lugar de entre tres y cinco como lo era antes de la ampliación presupuestaria oficializada hoy.
Con información de Télam
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