"Moneda común" con Brasil: luces y sombras de un plan improbable

El sábado 21 de enero el presidente argentino Alberto Fernández y el brasileño Lula Da Silva publicaron conjuntamente un texto titulado “Relanzamiento de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil”, desde el que, en el marco de la cumbre de la CELAC, se propuso una agenda de desafíos bilaterales y regionales diversos. Entre las muchas ideas presentadas allí -todas bajo la forma de expresiones de deseo-, este párrafo es el que tuvo mayor repercusión mediática y también política:

“Tenemos la intención de superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. También decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”, sostiene el texto.

Rápidamente los medios económicos del mundo se hicieron eco de esto, al punto que la influyente revista económica estadounidense Financial Times publicó el mismo sábado una nota cuyos título y copete versan: “Argentina y Brasil iniciarán preparaciones hacia una moneda común. Otras naciones sudamericanas serán invitadas a sumarse al plan, el cual podría crear la segunda unión monetaria más grande del mundo”.

El lunes 23, ya arribadas las autoridades brasileñas a Buenos Aires, tuvo lugar una conferencia de prensa conjunta entre los ministros de Economía de ambos países, Sergio Massa y Fernando Haddad, donde se hizo hincapié en algunos de los puntos salientes de la carta de intención de Fernández y Lula, mas no hubo clarificaciones sobre la moneda común, más allá del reconocimiento de que los objetivos de corto plazo son otros. En lo que refiere a medios de pago, se trata de profundizar el uso de monedas locales en distintas transacciones bilaterales, que avancen del sistema de compensación de saldos vigente -una especie de libreta donde se anota qué compra cada uno del otro y al final del día se paga en dólares solo el diferencial- hacia una utilización más intensiva, que incluya el comercio sin dólares pero también la intensificación de flujos financieros y de inversiones en las monedas locales, pudiendo establecerse una nueva moneda virtual común que funcione solo como unidad de cuenta exclusivamente para los flujos bilaterales.

Pero el tema ya estaba en el aire y a pesar de que oficialmente se aclaró que lo que se está pensando es un cambio mucho más limitado que una moneda común -lo que no quiere decir que sea menor en términos económicos y estratégicos- siguen surgiendo interrogantes respecto de la "moneda común" como horizonte, más no sea por quienes están pensando veranear en Brasil el año que viene y quieren saber si se les facilitará el pago de los servicios que contraten.

Surgen entonces dos preguntas: 1. ¿Es factible que Argentina y Brasil -y eventualmente otros países latinoamericanos- conformen una unión monetaria, abandonando las monedas nacionales hacia un billete común, emulando el proceso del euro? y 2. En caso de que la respuesta a la pregunta 1 fuera afirmativa, ¿sería esto deseable para la economía argentina? A criterio de quien suscribe, la segunda pregunta es la más interesante, aunque la primera es la que despierta mayor interés del público.

Respecto de la factibilidad, debemos ser tajantes: incluso si estuviera en agenda, en el corto plazo es absolutamente imposible (en el largo, obviamente no sabemos). Si nos basamos en la experiencia europea como patrón de comparación, no solo se trató de un proceso de integración que tardó casi medio siglo en arribar a una unión monetaria, sino que durante toda la década del noventa estuvo en marcha un proceso de convergencia según el cual los países que adoptarían el euro tenían que cumplir ciertas metas de variables económicas clave -como la tasa de interés, la inflación, la variación del tipo de cambio o el déficit fiscal-. Recién en 1999 el euro empezó a funcionar como unidad de cuenta digital y bancaria, coexistiendo con monedas nacionales, y en enero de 2002 salieron a la calle los billetes y monedas reemplazando a las pesetas, las liras, los marcos, etc. Una de las condiciones fue que durante mucho tiempo se mantuvieran relativamente constantes las paridades nominales y reales entre las distintas monedas nacionales antes de arribar al euro.

Pensar un proceso de convergencia similar en la América del Sur actual es sumamente complicado. Las variables macroeconómicas de Argentina y Brasil son totalmente distintas, si bien ciertos parámetros estructurales -como el PBI per cápita o la productividad laboral- muestran más similitudes que las que expresaba el espacio europeo en los noventa. Solo por dar un ejemplo, en la Argentina actual está vigente un régimen de control de cambios con tipos de cambio múltiples en un abanico que va desde un tipo de cambio de exportación de soja (dólar oficial menos retenciones) hasta un tipo de cambio financiero (contado con liquidación o MEP) que vale el triple. En Brasil, como en todos los países del mundo, hay tipos de cambio múltiples por la presencia de aranceles o subsidios, pero las variaciones son mucho menores. Y en lo que refiere al acceso al dólar billete, en Argentina está restringido y en Brasil liberado.

Naturalmente, sería imposible pasar a un régimen de moneda común manteniendo los esquemas de restricciones cambiarias vigentes. Si en Brasil se pueden comprar dólares libremente con la moneda binacional y en Argentina no, ¿podría un argentino que percibe su salario en la moneda binacional ir a Brasil y con ella comprar los dólares? ¿Qué sentido tendría entonces la restricción de acceso al mercado de cambios? Pero adoptar una nueva moneda no implica necesariamente robustecer la posición externa, con lo que la escasez de dólares seguirá rigiendo. ¿O acaso Brasil deberá adoptar las restricciones cambiarias argentinas? No parece tener mucho sentido.

Pasemos entonces a la pregunta acerca de la conveniencia: incluso si fuera factible, ¿sería beneficioso para la Argentina? Esta cuestión tiene sus puntos de contacto con la recurrente propuesta de algunos economistas de dolarizar la economía. Quienes lo plantean, amparados en posiciones marginalistas y monetaristas, entienden que la inflación es causada por la existencia de un Banco Central alineado al gobierno que emite dinero para financiar gastos corrientes. Más allá de los profundos errores teóricos de este planteo, sobre los que no nos detendremos aquí, cabe resaltar que la idea de la dolarización o la moneda común con Brasil u otros países lo que hace es reforzar el concepto de un Banco Central independiente, haciéndolo extranjero. Este planteo no tiene ningún sentido, precisamente porque no enfrenta las causas estructurales de la inflación. O, en todo caso, el camino exitoso para bajar la inflación con una medida así vendría por el lado de la apreciación cambiaria y la apertura económica ruinosa, tal como demuestra la experiencia de los años noventa, y no de la ausencia de política monetaria.

Pero vamos más allá. Si bien es cierto que la unión monetaria -sea usando la moneda de un país extranjero (dolarización) o adoptando una moneda común con otros países- tiende a reducir costos de transacción, algo particularmente relevante en zonas de frontera, y también a incentivar el turismo receptivo -aunque también el emisivo-, la pérdida de soberanía monetaria puede tener efectos muy nocivos sobre la capacidad de intervención de los Estados y la formulación de políticas públicas. En el caso de la dolarización esto es total, y en el de la unión monetaria depende de cómo se instituyan las autoridades del nuevo Banco Central común. En cualquier caso, es obvio que la autoridad política será reducida. Esto es algo que los agoreros de la independencia de los bancos centrales festejan, pero la experiencia reciente -en particular, en el contexto de la pandemia- muestra lo contrario.

Los bancos centrales son encargados de regular variables clave de las economías. En particular dos: el tipo de cambio y la tasa de interés. Una unión monetaria no solo hace que se pierda la capacidad de incidir sobre ellas sino que obliga a compartir las variables con el resto de los miembros del bloque. La experiencia europea es aquí elocuente: el Banco Central Europeo está dominado políticamente por Alemania y se han suscitado controversias con países más pobres de la eurozona, como Grecia, respecto de esas variables, que no han sido favorables para ellos.

Además, los bancos centrales tienen a su cargo la regulación de los sistemas bancarios de los países. Si bien es cierto que en una unión monetaria algunos criterios de regulación pueden mantenerse bajo atribución nacional, estos se ven profundamente limitados. Y Argentina es un país muy propenso a corridas bancarias o a descalabros financieros, con lo que perder parte de esa capacidad de control puede ser muy nocivo.

Por otro lado, la política monetaria es un instrumento fundamental de los Estados para intervenir sobre el nivel de actividad económica. Aunque ciertos economistas lo consideren un sacrilegio, la moneda estatal asegura que el Estado pueda incidir sobre el nivel de producto y de empleo a partir de políticas de estímulo de la demanda agregada. Y esto no se reduce exclusivamente al financiamiento monetario del gasto -mala palabra para muchos economistas, pero eso es tema de otra columna-. De hecho, la experiencia de la pandemia da cuenta de la importancia de que los fiscos puedan acceder a financiamiento monetario para hacer frente a erogaciones de emergencia, lo que llevó a arduas discusiones en el seno de la Unión Europea, pero que Estados Unidos, por ejemplo, resolvió fácilmente.

Por último, las experiencias recientes muestran que cuando un país ha perdido la soberanía monetaria es muy difícil recuperarla. Los casi 25 años de un Ecuador dolarizado lo demuestran, pero también el hecho de que ningún país ha salido del euro, ni siquiera habiendo atravesado profundas crisis económicas -no solo Grecia, sino también España, Portugal, Irlanda o Italia, entre otros-. De hecho, durante la primera década del siglo XXI las tasas de crecimiento de los países del sur de la Unión Europea, que se habían adherido al euro, fueron muy inferiores a los de los países del este de la Unión Europea, que no lo hicieron.

En síntesis, una moneda común con Brasil no solo es algo imposible de llevar a cabo, sino que de no serlo sería una muy mala idea. En términos discursivos, sostener la idea implica hacer concesiones a las voces de la derecha económica que repudian la política monetaria e insisten con la independencia del Banco Central como eufemismo del ajuste estructural y retirada del Estado en desmedro de un mercado autónomo que añoran y pregonan.