Medidas de Massa para los trabajadores de plataformas: alivio para un sector laboral seriamente explotado

Dada la estructura de las empresas, de capitales extranjeros, como Rappi, Glovo o Pedidos Ya, entre otras, están empresas se desentienden de la seguridad y condiciones laborales de sus empleados.

01 de noviembre, 2023 | 00.05

El universo al que apuntó el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa con nuevos anuncios son los trabajadores y trabajadoras de aplicación de delivery y de plataformas digitales que representan 160.000 empleos informales en todo el país y que no tienen un marco regulatorio que los contenga. Dada la estructura vinculada a la informática de estas empresas de capitales extranjeros, como Rappi, Glovo o Pedidos Ya, entre otras, las empleadoras se desentienden de la seguridad y condiciones laborales de sus empleados.

La cartera laboral que conduce Kelly Olmos convalidará la registración del sindicato del sector. El Gobierno viene trabajando con distintos proyectos de ley, provinciales y nacionales, para mejorar la regulación de este segmento de trabajadores de plataformas, que creció exponencialmente tras la pandemia y el consecuente aislamiento. Desde el espacio libertario, que junto a Massa llegó al balotaje, rechazan este tipo de iniciativas.  “Los trabajadores no necesitan más regulaciones, por el contrario, la necesidad es que el Estado deje de suprimir cada oportunidad de crecimiento con regulaciones y toda clase de impuestos”, dijo la diputada de La Libertad Avanza, Carolina Moragues. Pese a ello, el voto de los jóvenes que se desempeñan en este tipo de actividades fue capitalizado por el espacio libertario. 

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Con motivo de la pandemia por COVID-19, se incrementó el uso de aplicaciones de “delivery”, tales como Rappi, Pedidos Ya, entre otras. Si bien la cuarentena y la menor circulación potenció el asentamiento de estas plataformas porque facilitaron a las personas el acceso a bienes necesarios en un contexto de aislamiento, en especial productos alimenticios; en paralelo, se iba generando un fuerte debate sobre la situación jurídica laboral de los prestadores del servicio. A diferencia de las plataformas de servicio de transporte de pasajeros, como Uber, Cabify y Didi, entre otras, con una competencia ya existente del gremio taxista, las app de delivery no enfrentan un sindicato que aglutine previamente a los empleados de envíos a domicilio.

Sin un marco regulatorio, las empresas, según información a la que accedió este medio de parte de uno de sus principales jugadores, pagan el equivalente a unos 1050 pesos la hora. No obstante, el “gancho” de estas firmas es que se presentan como ingresos “extra”, es decir, que apunta a un supuesto segmento laboral que utilizaría esta app para obtener un dinero por encima de su flujo habitual. Por tal motivo, comunican una tabla que, para quienes trabajan hasta 10 horas semanales, arrancaría en los 15.000 pesos semanales. En caso de tiempo completo –de 8 horas diarias—los ingresos prometidos se inician en los 60.000 pesos semanales.

Sin embargo, los trabajadores, que son reconocidos en sus status de relación de dependencia, tienen que aportar las herramientas de trabajo, tener seguro contra todo riesgo en sus vehículos (moto o bicicleta) y teléfono en condiciones, todo pagado por el empleado. La app no tiene costos más que el mantenimiento y operatoria digital de sus respectivas plataformas.

En junio de este año se presentaron ante el Ministerio de Trabajo el trámite con el fin de crear el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones (SiTraRepA). La iniciativa, impulsada por la agrupación Jóvenes Trabajadores Precarizados (JTP). El SiTraRepA, nacido en el 2020 en plena pandemia, tiene actualmente 2500 afiliados en todo el país, entre ellos trabajadores de Mercado Flex y Rapiboy, aunque hasta la fecha no tiene el reconocimiento como entidad gremial por el Ministerio de Trabajo.

Los que defienden a las empresas consideran que se trata de trabajadores autónomos porque los repartidores son dueños del medio de transporte que usan (la bicicleta, por ejemplo). Sin embargo, la empresa es la que genera los clientes, en tanto los repartidores prestan servicios a éstos, que no se convierten en sus propios clientes. Además, los repartidores siguen un “manual de instrucciones” impuesto por la empresa. Si bien no tienen un horario fijo, quienes trabajan en esas app son sancionados si no están disponibles en las franjas de horario establecidas (entre tres y cuatro horas).

Proyectos para blanquear la actividad

Con la premisa de “ampliar un marco de derechos”, el Gobierno trabaja en un proyecto para abarcar a los trabajadores de apps de delivery y plataformas digitales regulando la actividad que hoy tiene unos 160.000 empleados informales en todo el país. Sin embargo, los diputados libertarios salieron a rechazar la iniciativa oficialista y adelantaron que buscarán impedir su aprobación. En abril la oposición bloqueó la aprobación de un proyecto presentado por el senador del Frente de Todos y titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, cuyo objetivo es registrar las actividades de entrega y retiro de objetos realizados en motos, autos o bicicletas por los trabajadores.

La iniciativa ya tuvo media sanción en el Senado provincial durante octubre del 2022 y en abril de este año frenó en diputados por bloqueo de la oposición. La entonces precandidata a presidenta Patricia Bullrich –ahora enlistada como parte del equipo de Javier Milei—, se manifestó en contra de la iniciativa como lo hicieron los libertarios. “Hoy, en pleno siglo XXI, quienes trabajan en la modalidad de aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats; lo hacen a destajo, precarizados y sin ser registrados como trabajadores. No cuentan con cobertura por accidentes, ni límite de jornada laboral, ni licencias, ni vacaciones”, denunciaron desde el entorno de Plaini.

Un marco regulatorio no obliga a sindicalizarse a todos, pero les da una posibilidad para la falta de derechos laborales respecto de un trabajador en relación de dependencia. Mientras continúa el debate y el sector continúe sin una ley nacional que los regule o determine su carácter de trabajadores dependientes, queda en manos de la Justicia la consideración de que se trata de un vínculo laboral, sobre la base del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Así miles de trabajadores y trabajadoras deben registrarse como monotributistas o autónomos para ser incorporados a estas plataformas.

A principio de este mes, a Cámara de Diputados volvió a aprobar el proyecto de ley presentado el año pasado por el legislador del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez para la protección de las y los trabajadores que se desempeñan en servicios de apps de delivery, que hace tiempo son blanco permanente de hechos de inseguridad. El proyecto había perdido estado parlamentario por no ser tratado en Senadores.

Recomendaciones de protección laboral

Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se recomienda establecer “un estatus apropiado a las condiciones del servicio” que implicaría sumar garantías básicas para la protección, como el seguro por accidentes o un límite de horas de trabajo junto con un reconocimiento económico por los tiempos a disposición de la plataforma, a la espera de recibir un pedido de entrega.

En el sector empresario insisten en el “problema de la industria del Juicio”, pero se manifiestan en contra de proyectos para formalizar trabajadores. En abril, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a los gobiernos provinciales el acceso a las inspecciones que permitan generar el cálculo de la deuda previsional que tienen las aplicaciones móviles de reparto con los trabajadores. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa son las únicas que hasta el momento avanzaron con los relevamientos, exigidos por la AFIP 15. Estas medidas también alcanzan a las aplicaciones de transporte de pasajeros, como Uber, Didi y Cabify.

Desde la OIT destacan que, según la evidencia en numerosos países de América Latina, el delivery capta flujos importantes de trabajadores migrantes. “Dados los problemas de procesamiento de solicitudes de visa y los obstáculos que tienen los migrantes para acceder a los beneficios que han sido otorgados a trabajadores informales y por cuenta propia, muchos migrantes ven al trabajo en plataformas como una puerta de entrada al mercado de trabajo de los países receptores y la única fuente de ingresos posible en el contexto de crisis actual. Si bien este trabajo es una alternativa de ingresos durante la pandemia, acentúa su vulnerabilidad”, señala el informe.

Al tratarse de una relación laboral aún no regulada no existen estadísticas oficiales, no obstante, se calcula que existen cerca de 160 mil trabajadores de plataformas digitales en todo el país, incluyendo a las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify. Para la mayoría (60 por ciento) de las personas encuestadas por el CIPPEC y OT, la plataforma es su principal fuente de ingresos y es determinante para sostener sus gastos habituales.