La distribución del Ingreso Familiar de Emergencia es una de las medidas más significativas para intentar contener a la economía nacional tras la abrupta caída que produjo la pandemia: es federal y transversal a todos los sectores sobre los que más recaen las crisis, como los trabajadores informales, los monotributistas de las categorías más bajas, autónomos y trabajadores de casa particulares. Su implementación es pensada a partir de una política inclusiva en donde la vulnerabilidad se transforma en integración y la invisibilidad en reconocimiento. Sin embargo, como contrapartida, la asignación del IFE demostró la pata floja de la mesa: la falta de bancarización y el complejo desafío que tiene por delante el gobierno para lograrla.
Por definición, de acuerdo al Banco Mundial, la inclusión financiera, significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible, siendo de esta forma la inclusión clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Es el mismo organismo el que advierte que alrededor de 2500 millones de personas a nivel mundial no utilizan servicios financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. En esa línea, el Banco Central (BCRA) lleva adelante un informe anual sobre el estado de inclusión financiera en Argentina. El último, realizado en abril de este año, revela uno de los principales obstáculos de la bancarización: la infraestructura física. Algo tan fundamental como es el acceso a un cajero o a una sucursal, en un territorio extenso como el de Argentina, se plantea como un desafío adicional. A diciembre de 2019, el 41,9% de las localidades tenía al menos un punto de acceso, los cuales concentraban al 91,3% de la población adulta. Sin embargo, la Asociación de Bancos Argentinos analizó que una gran porción de la misma “no utiliza dicha cuenta o la utiliza sólo para retirar el total del dinero en efectivo una vez por mes.” Tienen acceso pero poco uso, ergo, baja inclusión financiera. Además, la desigual distribución geográfica de los PDA impacta en su uso. A nivel provincial, el 48% de los PDA se concentraba en CABA y Buenos Aires, siendo Capital Federal la jurisdicción con mejor desempeño, mientras que las provincias del NEA y NOA están por debajo de la media. En zonas donde hay pocos cajeros automáticos, muchos retiran el dinero apenas cobran y no vuelven, lo que dificulta más la bancarización. “Hubo innovaciones durante el macrismo para sacar cash, como puestos en Farmacity y quioscos, pero la gente no está del todo acostumbrada a hacerlo”, explicaron economistas a El Destape y agregaron que desde CABA se intentó insertar billeteras virtuales en la villa 31, pero fueron “un enorme fracaso”
Jorge Álvarez director de IADEPP, entidad que promueve la inclusión financiera y el acceso a la identidad -creación del DNI- como pilar fundamental para su acceso, dijo “No puede haber inclusión financiera si no existe un plan estatal de alfabetización o educación financiera, ya que los actores intervinientes, por su naturaleza y por la competencia para captar clientes pueden resultar tóxicos para quien no conoce el uso de medios” Es el caso, por ejemplo, de las estafas generadas a raíz del IFE, motivo por el cual la titular de ANSES, Fernanda Raverta, advirtió el jueves en Tv Pública que “nadie va a llamar ni avisar por Whatsapp que está depositado el IFE” o las empresas Fintech, que facilitan el acceso a créditos, aunque muchas como Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S. A., pero fueron denunciadas por la Secretaría de Comercio Interior por “por estafa, usura crediticia y violación de datos en bases de datos públicas o privadas”. Raverta además destacó un dato alentador: de los 8,8 millones de beneficiarios del IFE, 2 millones lograron bancarizarse a raíz de su asignación.
No sólo hay heterogeneidad en las provincias, también en los sectores laborales y los trabajadores. Economistas explicaron a este medio que, para analizar la no bancarización en el mundo laboral, hace falta dividir a las empresas de las personas. Algunas PyMes y comercios mantienen el empleo, sus gastos y ganancias de manera informal así no se formalizan ante la AFIP. “Directamente utilizan todo en efectivo, así nadie puede rastrear sus ganancias. Además, bancarizarlos llevaría a una suerte de lavado de activos para declarar el dinero, que es un delito y muchos empresarios buscan ahorrarse con las transacciones el impuesto al cheque”, explicaron. Además, Álvarez agregó: “La carga impositiva y fiscal más asfixiante en general está en las Provincias y los Municipios. Ingresos Brutos y Tasas son el mayor enemigo con el que debe lidiar un pequeño comercio”
Por otro lado se encuentran los hogares en áreas rurales, empleados en el sector informal, en la construcción, frutihorticultura, trabajadoras de casas particulares y jubilados son proclives a no bancarizarse. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades rurales siguen siendo el mayor mercado carente de servicios financieros porque se encuentran en lugares remotos y la baja densidad demográfica, la falta de infraestructura (comunicación, electricidad y transporte) y las reducidas cantidades de transacciones encarecen los servicios y la instalación, lo cual priva a los hogares de depositar ahorros y generar activos financieros. Por los demás rubros, los economistas explicaron que hay que tener en cuenta que el dinero bancario “compite contra el efectivo, que no pueden embargartelo ni te cobran impuestos por ello” ya que no tiene seguimiento. Del dinero físico se pierde control rápidamente. Desde el gobierno se plantearon como objetivo subsanar las desigualdades dentro del ámbito financiero. De momento, desde la página Argentina.gob.ar/inclusiónfinanciera pueden encontrarse herramientas tanto para personas como para pymes para sumarse al mundo del ahorro, pagos electrónicos, créditos y bancos. En noviembre de 2019, Argentina se ubicó en el séptimo puesto de la lista de los 55 países más propicios para la inclusión financiera, publicada por The Economist Intelligence Unit, la unidad de negocios independiente del grupo The Economist. En este sentido, el país ascendió 33 puestos en relación al 2015.
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