El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo que implica que en septiembre y diciembre los incrementos de los haberes de la seguridad social se harán por decreto, como ya ocurrió en dos oportunidades durante la gestión de Alberto Fernández.
La medida tiene un impacto no solo en los jubilados y pensionados, sino en todos los beneficiarios de la seguridad social, cuyos ingresos se ajustan por el mismo índice: Asignación Universal por Hijo, Progresar y Asignaciones Familiares.
De acuerdo a lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia 542, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, se prorroga "hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541".
"Durante este período", aclara la normativa, "el PODER EJECUTIVO NACIONAL determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos".
Originalmente, el Gobierno tenía pensado elaborar una nueva fórmula de movilidad para el segundo semestre de este año, pero la pandemia de coronavirus trastocó los tiempos y obligó a replantearlo. El Gobierno modificó, a través de la ley de Emergencia Pública, la fórmula de movilidad dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri en la reforma previsional de 2017, que indexaba la seguridad por la inflación de forma trimestral (con 6 meses de retraso) y de la variación del índice de salarios.
Desde la suspensión, el Gobierno dispuso dos aumentos: uno en marzo, de 1500 pesos fijos para todas las escalas más un 2,3%, y otro en junio, del 6,12%. La mínima se ubica en la actualidad en $16.864.
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