Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el 75% de las jubilaciones de más de $ 1 millón que paga la Anses corresponden a ex funcionarios del Poder Judicial. La contundente cifra coincide en un momento donde los magistrados se encuentran en el foco de la tormenta de la discusión pública por la promoción del juicio político a la Corte Suprema, el frustrado intento de cobro del Impuesto a las Ganancias y la ineficiencia de un sistema que no convence a gran parte de la sociedad.
El Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) es una publicación trimestral que brinda series estadísticas consolidadas, actualizadas y lo suficientemente dinámicas sobre las variables más relevantes de la seguridad social. En dicho boletín se presentan estadísticas de las distintas ramas de la seguridad social: jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y prestación por desempleo, elaboradas por la Secretaría de Seguridad Social en base a la información proporcionada por la AFIP y la Anses.
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Al revisar las cifras del pasivo del sistema previsional contributivo, surge que los jubilados millonarios pertenecen, en su mayoría, al ámbito judicial. En diciembre, el organismo que conduce Fernanda Raverta pagó 2.801 haberes superiores a $ 1.000.000, y de esa cifra 2.111 fueron abonadas al régimen que componen ex integrantes del Poder Judicial, es decir el 75% del total. En el detalle de la grilla de agraciados previsionales, ya hay 135 jubilados judiciales que cobran haberes superiores a los $ 2.000.000 mensuales.
En el total, los beneficios previsionales que van al Poder Judicial son 7.295 y los ingresos que destina Anses al pago equivalen a $ 6.404 millones. ¿Cuál es el haber medio de un ex integrante de este segmento privilegiado sumando jubilaciones y pensiones? Según el boletín, el promedio es de $ 877.991. La cifra se contrapone drásticamente con el haber medio del sistema general de jubilaciones y pensiones, que en diciembre se ubicó en los $ 77.569. Pero la diferencia también se refleja con otros sectores que conforman las escalas más altas.
Por ejemplo, el haber medio de los docentes no universitarios es de $ 171.796, para Luz y Fuerza es de $ 157.850, para investigadores científicos trepa a los $ 393.154, mientras que los extrabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio cobran $ 273.731 en promedio.
La Corte no quiere perder privilegios
Sobre los inicios de la gestión del Frente de Todos, en el verano del 2020, el Gobierno de Alberto Fernández modificó el régimen de jubilación de magistrados, fiscales y defensores en el marco de la sanción de la ley de emergencia económica. Fue un símbolo de austeridad de cara a un proceso de recalibre fiscal y se trató del primer enfrentamiento entre los jueces y el Gobierno.
En la nueva legislación se elevó del 11 al 18% el aporte sobre el salario de los integrantes del Poder Judicial; se mantuvo el 82% para la jubilación pero con el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones mediante una comisión que todavía no fue creada; y se elevó la edad de jubilación de los varones: en vez de retirarse a los 60 debían hacerlo a los 65 años, en un formato escalonado año tras año hasta llegar en 2025.
Tres años después, el caso permanece judicializado. El caso más avanzando remite a un planteo particular que hizo el juez Orlando Arcángel Coscia, que integraba el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén y en noviembre del 2020 cumplió la edad para jubilarse con la vieja ley. El juez interpuso una acción contra el Estado y la Anses, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 9 inciso b de la ley 24.018 -modificada por la ley 27.546- y del punto 2 inciso e del anexo I de la resolución 10/2020. La misma ordenaba que se retirase o perdería los beneficios de la ley previa.
A fines de noviembre, la Corte Suprema rechazó un planteo que impulsó la Anses para apartar a todos los integrantes del máximo tribunal, que intervienen en el caso. El organismo previsional interpuso recurso extraordinario y recusó a todos los miembros de la Corte. Según indicó, debían intervenir conjueces ajenos al Poder Judicial de la Nación, ya que sus integrantes se encuentran incluidos en el régimen jubilatorio cuestionado. Pero la Corte desestimó las recusaciones.
Tampoco pagan Ganancias
En septiembre, el Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 y en el texto incluyó una separata para que el Congreso discuta la inclusión del Poder Judicial dentro del esquema del Impuesto a las Ganancias. Se hubiera generado un ingreso adicional de casi $ 240.000 millones para las arcas estatales, pero el lobby de Juntos por el Cambio impidió que se apruebe este apartado.
Según el proyecto de la ley de leyes que presentó el Gobierno, que los jueces, fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial no paguen impuesto a las Ganancias le costará al Estado $ 237.850 millones en 2023, o 0,16% del PBI. Esta cifra se asemeja, por ejemplo, a lo que recaudó el país a través del cobro por el Aporte Solidario a las grandes fortunas.
Para pensarlo en cifras, el Estado dejó de percibir $ 52.449 millones en 2021 porque los jueces y fiscales no pagaron Ganancias, más que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia de ese año. En ese mismo sentido, para la base presupuestaria de 2022, la exención de impuesto a la ganancias de magistrados equivalió a 73 mil millones de pesos (0,12% del PBI), un número equivalente a lo que podría significar el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
A mediados de marzo de 2021, el oficialismo también había presentado dos proyectos de ley para que los jueces y fiscales queden incluidos en el pago a del Impuesto a las Ganancias. Las cifras hablan por sí solas: el costo para el Estado crece año a año. El Poder Judicial no paga Ganancias gracias a una acordada de la Corte Suprema de 1996 y que ninguna composición del máximo tribunal del país cambió.
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