La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, envió al Congreso un proyecto de ley que dispone que no se capitalicen los intereses de los créditos ANSES desde el 1 de enero de 2020. Esto aliviará en $ 47.000 millones a las familias deudoras, que incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo.
Producto de la crisis económico y social generada por la pandemia, ANSES había dispuesto la suspensión del cobro de las cuotas de todas las líneas otorgadas hasta agosto 2020. Si el parlamento avala esta nueva medida, no se cobrarán tampoco los intereses acumulados durante los últimos meses, retrotrayendo la situación a diciembre de 2019.
Cambiemos reemplazó a la tarjeta ARGENTA por préstamos acreditados por transferencia bancaria, que pasó a denominar crédito ANSES. El rol que había ostentado la tarjeta era además de promover la inclusión financiera responsable y contribuir al desarrollo del mercado interno, objetivos abandonados en la gestión de Mauricio Macri.
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Los créditos ANSES desde julio de 2017 se ampliaron a los titulares de la AUH y de las asignaciones familiares. El macrismo llegó a ampliar las líneas de crédito a tal punto durante las campañas legislativa y presidencial que hoy el 84,6% de los beneficiarios de la AUH se encuentran endeudados con la ANSES. Se trata de 1.867.832 personas sobre un universo de 2.208.323 que tienen uno o más préstamos con el organismo.
Por su parte entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sólo el 31,63% tiene créditos, 1.820.3758 sobre un universo total de 5.755.402, y la proporción se mantiene estable desde 2012.
Todo este dinero fue sacado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que contribuyó a desfinanciar al organismo y dilapidar la mitad de su patrimonio en cuatro años. Hasta el momento, el sub-organismo que conduce Lisandro Cleri, posee en cartera un total de préstamos otorgados en términos monetarios para los titulares de la AUH es de $ 30.000 millones, para los beneficiarios del SIPA de $ 126.000 millones, y de las Pensiones No Contributivas de $ 35.000 millones, y para el SUAF de $ 12.000 millones.
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