A contrarreloj, el Gobierno busca que 800.000 personas no queden sin jubilarse en 2023

A fin de año vence la moratoria previsional para las mujeres con 60 o más años a quienes les falta años de aportes para completar los 30 años requeridos por la ley para jubilarse. Por eso, el proyecto de ley para flexibilizar el plan de pagos previsionales que presentó el Frente de Todos puso en escena los problemas que tiene la población para jubilarse ante los altos niveles de informalidad y conflictividad laboral. Si el texto, que ya tiene media sanción en el Senado, no es oficializada en sesiones extraordinarias, alrededor de 800.000 personas (mujeres y hombres) no podrán jubilarse el próximo año.

La moratoria vigente fue prorrogada en julio por el presidente Alberto Fernández y ya no hay posibilidad de una renovación. Un proyecto que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional para que unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aporte puedan jubilarse se encuentra entre las iniciativas pendientes que el Congreso tratará durante la prórroga de sesiones ordinarias hasta fin de año. En Argentina, solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse.

Según pudo saber El Destape, el oficialismo mantiene reuniones con representantes de bloques opositores con el objetivo de alcanzar un consenso sobre la necesidad de que la ley salga. De momento, solo restaría un puñado de votos para lograr la seguridad de que el proyecto será aprobado, pero todavía predomina la cautela en el ente conducido por Fernanda Raverta.

La situación podría resultar en un drama para miles de personas. Por ejemplo, si a una persona con edad de jubilarse en 2023 solo le faltara un año de aporte para cumplir la totalidad requerida (30), igualmente se quedaría sin la posibilidad de jubilarse. Justamente, el proyecto, autoría de Anabel Fernández Sagasti, busca el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones. La peculiaridad de esta idea es que no se trata de una moratoria convencional porque establece mecanismos recaudatorios de compensación en favor de la Anses, lo cual disminuye las estimaciones sobre el impacto fiscal de la aplicación. 

Una moratoria especial

El texto indica que el plan se conformará de dos capítulos clave: una Unidad de Pago y una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad. Además, los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período. Para acceder a esa Unidad de Pago, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.

¿Cómo se pagaría? El monto surge de multiplicar la cantidad de meses adecuados por el valor de la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) y dividir por la cantidad de cuotas, que pueden ser 2, 6, 15, 30, 450, 60, 90 o 120. La persona debe elegir alguna de estas alternativas, según la cantidad de años que deban cancelar.

La UPDP es equivalente a un mes de períodos de aportes. La fecha de corte para la cancelación es el 2008 y el monto es equivalente a la remuneración mínima imponible ($ 4.896 a diciembre de 2022), el cual se actualiza por ley de movilidad. previsionales. Este esquema incluye a 447 mil mujeres y 295 mil varones. Del universo cercano a 800.000 personas, el promedio de años de aporte es de solo ocho años. 

De no sancionarse la ley, las más afectadas serán las mujeres, dado que deberán esperar cinco años más, es decir hasta los 65 años, para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación equivale al 80% de un haber mínimo. 

Por otra parte, la Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad alcanza a las personas activas, que abarca a casi 900.000 personas (son 552 mil mujeres de entre 50 y 59 años, y 327 mil varones de entre 55 y 64 años).  En este caso, la persona identifica y cancela períodos pasados de aportes faltantes. Los períodos siempre serán retroactivos y no pueden ser posteriores a la fecha de corte fija (marzo de 2012). De estas 900.000, el 74% tiene un promedio de 16 años de aporte.

Cada período a cancelar equivale a un mes de servicio y el valor será equivalente a la Unidad de Cancelación de Aportes al momento de su aceptación (igual al 29% de la Remuneración Mínima Imponible). Cada unidad cancelada otorga el derecho de acumular períodos para acceder a la jubilación. La posibilidad de comprar deuda previsional en etapa activa depende de un conjunto de factores individuales, tales como la expectativa que se tenga de la conveniencia de la compra de deuda, la disponibilidad de los recursos y cuestiones que finalmente determinarán la densidad de la adhesión a la medida propuesta.

La inclusión de este artículo refuerza la estrategia recaudatoria y compensa los costos fiscales, que en 2023 sería del 0,19%. Aún así, esta cifra dependerá de los trabajadores activos que empiecen a pagar para comprar años adeudados. Aún así, para el Estado sería más costoso pagar todas las PUAM, ya que si el proyecto no avanza, 800.000 personas se agolparían en las oficinas de Anses para poder cobrar aunque sea la prestación mínima que paga el organismo. 

El valor de las moratorias y las mentiras para criticarlas

Las crisis recurrentes suelen impactar en incrementos sustanciales en la tasa de desempleo y elevados índices de informalidad. Esto se refleja en trayectorias laborales interrumpidas que obstaculizan alcanzar los requisitos de años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Desde los espacios conservadores se suelen esgrimir posturas críticas contra las moratorias previsionales, argumentando que, el permitir que se jubilen personas sin sus aportes completos desincentiva el trabajo formal y el pago de los aportes. Sin embargo, los datos reflejan otra realidad.

Al observar la evolución del porcentaje de aportantes sobre el total de la Población Económicamente Activa (PEA) y del porcentaje de beneficios con moratorias sobre el total de beneficios previsionales entre 2003 y 2015, puede identificarse que la tendencia alcista de la proporción de aportantes sobre la PEA se mantuvo en ese lapso (en 2015 llegó al pico del 82,5%), sin verse interrumpida la aplicación de las moratorias. 

La flexibilización en los requisitos para acceder al sistema previsional permitió incrementar la cobertura previsional en los últimos años. Del total del sistema jubilatorio (7,2 millones de personas), el 50% del sistema ingresó por moratorias, y para las mujeres la proporción asciende al 75%. Esto permitió que la tasa de cobertura previsional actual es del 95%.