Por Ing. Eduardo J. Carrone, Director de la Carrera de Ingeniería en Petróleo, UBA
Hace 100 años, el 3 de junio de 1922, la creación de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y luego el nombramiento del General Enrique Mosconi como Director General, se basaron, como lo explicitan los considerandos del decreto de creación, en "la importancia progresiva que habían adquirido las explotaciones petrolíferas" y "ante la urgencia de establecer las orientaciones de carácter orgánico conducentes a la mejor atención y aprovechamiento de esos valiosos intereses públicos". En efecto, fue la necesidad de que este relativamente nuevo recurso sirviera para el bienestar de los habitantes de la Argentina, uno de los principales móviles de esta decisión. Era una etapa de posguerra donde el petróleo ya era un actor importante en el concepto de soberanía nacional.
Los tiempos han cambiado pero lo central sigue vigente. Ahora nos encontramos saliendo de una pandemia que hizo trizas los precios del petróleo y por otro lado, estamos en medio de una guerra, impensada hasta hace unos meses, que impulsa a los commodities a valores muy superiores a los de hace tres años. No hay ningún estudio que haya podido prever estas situaciones disruptivas. Específicamente, en el plano energético, el escenario actual sorprendió hasta a los más estudiosos del tema. Todos los países están "recalculando". Y la Argentina también tiene que hacerlo. Y muy especialmente porque la Argentina está en una ventana de oportunidad que pocas veces tuvo: se conjuga la cantidad de recursos hidrocarburíferos que posee (desde el desarrollo de los no convencionales en Vaca Muerta, con YPF a la cabeza) con las necesidades de un mundo subido al tren de la transición energética para reducir sustancialmente el cambio climático. Me animaría a decir que el gas argentino puede ser un aporte importante a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, disminuyendo el consumo mundial de carbón e inclusive de los combustibles líquidos. Y también un pilar de integración regional (digamos Mercosur, Bolivia, Chile) para combinar convenientemente el uso de los recursos energéticos.
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Es el momento en que se requiere una política de Estado en el tema energía; algo que sea superador de los gobiernos que se sucedan; que tenga objetivos como los de 1922, cuando se invocaba el bienestar de los habitantes; que no se limite a lograr el autoabastecimiento, sino que también aporte al país recursos financieros externos; que en su elaboración resurjan los ideales de Mosconi y los pensamientos de Scalabrini Ortiz. En esa política energética es esencial la presencia de una compañía nacional, con manejo estatal, como YPF. Una empresa que sea una pieza clave no sólo en el tema de hidrocarburos, sino en las nuevas fuentes de energía y las tecnologías asociadas; hablamos de solar, eólica, hidrógeno, litio, movilidad eléctrica, etc. Que también sea protagonista del desarrollo tecnológico requerido.
En este punto, quiero recordar la creación del Instituto del Petróleo de la UBA (ahora Instituto del Gas y del Petróleo, IGPUBA) en 1929, con la firma conjunta del Rector de la UBA, Ricardo Rojas, y Enrique Mosconi, por YPF. Esta "asociación" UBA-YPF potenció la formación de profesionales e investigadores en el área del petróleo. Es esta asociación la que ahora se está revitalizando con los recientes acuerdos entre YPF y nuestra Facultad de Ingeniería de la UBA, para que el ámbito académico ocupe un lugar preponderante en el desarrollo energético del país. Qué mejor que hacerlo de la mano de una empresa como YPF, en el marco de una Política Energética que integre los conceptos de bienestar, desarrollo, energía, tecnología, investigación, educación.
Como me recordó un destacado colega, nuestro país se encuentra en un laberinto; quizás, desde hace muchísimos años, pero como tan bien decía Leopoldo Marechal: "de todo laberinto se sale por arriba".
Con información de Télam