Tras una década de crisis de empleo, llaman a fortalecer el gasto social y el rol de los Estados en la región

La generación de puestos de trabajo en la última década fue la más baja desde mediados del siglo XX en la región. Y en paralelo, para fines del año pasado, 54,2 millones de hogares dependían exclusivamente del empleo informal y más de 180 millones de personas no alcanzaban los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, según advirtió la Cepal en su último informe del Panorama Social de América Latina y el Caribe. Frente a este escenario, el organismo regional alertó sobre la necesidad de “implementar políticas de inclusión laboral que enfrenten la alta brecha en los ingresos laborales y promuevan acceso a empleos de calidad” así como de “transferencias públicas con un papel relevante para proveer una protección social de emergencia”.

En el informe recientemente publicado, se indicó además que la tasa de crecimiento del PBI regional para 2023 rondaría el 1,7% siendo “significativamente inferior al 3,8% registrado en 2022” y que podría caer incluso al 1,5% en 2024. Esto significa que la región cumple en este fin de año una década con el crecimiento promedio más bajo, solo un 0,8%. “Más allá de la crisis en cascada reciente, este bajo crecimiento de diez años ha generado círculos viciosos, que han llevado a la región a una doble trampa de bajo crecimiento y altos niveles de desigualdad”, advirtieron desde la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) e indicaron que “el desafío es mantener la senda de crecimiento del gasto público social para dar sostenibilidad financiera a las políticas de inclusión laboral. La labor realizada por los países en materia de políticas laborales es insuficiente, en promedio, los países de la región destinan el 0,34% del PIB a este tema”.

De esta manera, el organismo puso el foco no solo en la inserción de la población al mundo laboral sino en las condiciones en que las que se da ese acceso y el rol de los Estados para una mayor inclusión laboral (trabajo con derechos). “Los países de la región deberán fortalecer sus políticas de inclusión laboral para avanzar en una estrategia de desarrollo social inclusivo, promoviendo el logro de la Agenda 2030, en particular el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, así como los compromisos regionales en la materia”, agregaron. 

Otro punto sobre el que se hizo eje tiene que ver la concentración de la riqueza ya que el patrimonio de los 105 milmillonarios de la región representa un 4% de la riqueza de toda la población, en tanto que a nivel de ingresos el decil más alto recibe un ingreso 21 veces superior al del decil más bajo de la sociedad. 

Mundo laboral en crisis

El panorama laboral de América Latina y el Caribe muestra “una crisis en cámara lenta desde 2010, que se verifica en diversos indicadores laborales”. Así lo advirtió el documento presentado por la Cepal que indicó que “a la par de la caída en la tasa de crecimiento del PBI, desde 2014 a la fecha la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. La pandemia de Covid-19 profundizó esta tendencia y desencadenó “la mayor crisis de los mercados laborales desde 1950. En 2020 la creación de empleo cayó por primera vez en 70 años”. 

Los datos relevados en los países de la región reflejaron que de los 500 millones de personas que se encontraban en edad de trabajar en 2022, más del 37% estaba fuera del mercado laboral. En paralelo, del universo de 292 millones de personas ocupadas, 1 de cada 2 tenía empleos informales, cerca de un quinto vivía en situación de pobreza, 4 de cada 10 contaba con ingresos inferiores al salario mínimo y la mitad no accedía a protección previsional. Así, según explicó el organismo regional de las Naciones Unidas, “en 2023 se estima, en promedio, que la tasa de participación laboral se mantendrá levemente por debajo de los niveles previos a la pandemia (un 63% frente a un 63,3% en 2019)” en tanto que “se observa una reducción de la desocupación, al pasar del 8% en 2019 al 6,8% en 2023, aunque moderando el descenso observado hasta 2022”. 

Por su parte, 54,2 millones de hogares en la región (39% del total) dependían exclusivamente del empleo informal, y la mayoría de las niñas y niños y personas de 65 años o más vivían en hogares completamente informales o mixtos (61,2%). De esta manera, “la informalidad laboral afecta a casi la mitad de las trabajadoras y los trabajadores de América Latina y el Caribe” siendo “un fenómeno estructural que dificulta la inclusión laboral al exponer a las personas trabajadoras a una grave vulnerabilidad en materia de ingresos, condiciones de trabajo, acceso a derechos laborales y protección social”.

En relación, si bien la desigualdad de ingresos disminuyó, “sigue siendo muy elevada” ya que “el decil de ingresos más altos percibe un ingreso que equivale a 21 veces el del decil de menores ingresos” a la par que el 41% de la población de los estratos bajos trabaja en actividades de baja productividad. La contracara es la cada vez mayor concentración de la riqueza: el patrimonio de solo 105 personas representó casi el 9% del PBI regional. Según el organismo, la riqueza total de los milmillonarios de la región llegó a 453.000 millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021 y creció “con una intensidad relativa mucho mayor que el patrimonio del resto de la población”. Es clave en ese sentido “la influencia de la herencia, dado que el 54% de los superricos obtuvo su patrimonio parcial o totalmente por herencia”. 

El documento al que accedió este medio puso el ojo también a la necesidad de prestar atención de las brechas de género existentes en el mundo laboral: mientras la tasa de participación laboral de los hombres fue de 74,5% la de las mujeres alcanzó solo a 51,9%, con mayores tasas de desocupación (8,6% en comparación con 5,8% de los hombres). La principal barrera “es la carga de trabajo de cuidados” sumado a que “en la región el 26,7% de las mujeres se ocupa en el sector ampliado de los cuidados y también representan el 69,9% de las personas ocupadas en enseñanza, el 73,5% en el sector de la salud y el 92,8% del empleo doméstico, con salarios más bajos”. Y se suma la situación de las y los jóvenes que registran una tasa de desocupación tres veces más elevada que la de los adultos y la tasa de informalidad de jóvenes de entre 15 y 29 años se ubicó 12 puntos porcentuales por arriba de las personas de 30 a 64 años.

Otros datos del panorama económico

El crecimiento en la región da cuenta de una desaceleración al punto tal que la tasa de crecimiento del PBI por habitante que en 2021 había sido del 6,1% se situó en el 3% en 2022. Para el 2023, “se mantendrá una dinámica de bajo crecimiento, con una tasa estimada en un 1,7%, y que podría llegar incluso solo al 1,5% en 2024”. 

A su vez, 29% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza y un 11,2% vivía en condiciones de pobreza extrema en 2022, lo que da cuenta de “una reducción apreciable respecto de 2021” no obstante “más de 180 millones de personas en la región no contaron con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tuvieron ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos" por lo que casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, según se detalló en documento del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, de Cepal. Para este año, “no se prevén mejoras apreciables en las condiciones de vida de las personas de escasos recursos”. 

En cuanto a los niveles de desigualdad, "el promedio regional del índice de Gini (que mide valores entre 0 y 1, donde un valor más alto representa mayor desigualdad) se situó en 0,45 en 2022, casi un 3% inferior al de 2021", ello debido “al alto peso de los ingresos laborales” y el impacto de las transferencias públicas no contributivas que “permitieron que el índice fuera un 3,4% más bajo que el que se hubiera registrado en su ausencia”. Aún así, para este año se sostiene la brecha entre el decil más alto que tiene ingresos 21 veces superiores a lo obtenido por los sectores de menores recursos.

Las claves de la política pública

En un escenario regional atravesado por las bajas tasas de crecimiento previstas en 2023 y 2024 y el estancamiento de los indicadores laborales (el número de ocupados aumentaría 1,9% en 2023 ,muy inferior al 5,4% del 2022), desde Cepal consideraron que será necesario “poner un fuerte acento en las políticas de inclusión laboral y en los sistemas de protección social”. Puntualmente se señaló “el desafío de mantener la senda de crecimiento del gasto público social para dar sostenibilidad financiera a las políticas de inclusión laboral” ante “el conjunto de transformaciones en curso que afectarán a los mercados laborales, incluido el acelerado envejecimiento poblacional, la crisis de los cuidados, las dinámicas migratorias, la crisis climática y las revoluciones tecnológicas”. 

Sobre las políticas que podrían ponerse en marcha el organismo precisó que “las políticas de inclusión laboral son clave para reducir los niveles de desocupación, incrementar la participación laboral, reducir las brechas de género y las desigualdades que afectan a diversos grupos”, por lo que “se debe avanzar en políticas activas destinadas a incrementar la oferta laboral mediante programas de capacitación técnica y profesional, en políticas de intermediación laboral que conectan a quienes buscan y ofrecen empleo, y en políticas pasivas que incluyen seguros de desempleo, la indemnización por despido y las prestaciones monetarias dirigidas a trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad”.

Esto entra en tensión con el conjunto de medidas de “reforma integral” que el presidente electo de nuestro país, Javier Milei, anticipó en su programa electoral y que podría aplicar desde el próximo 10 de diciembre.

El mandatario libertario detalló los puntos centrales de una reforma laboral que implicarían eliminación de indemnizaciones para reemplazarlas por un sistema de seguros de retiro, es decir, un mecanismo de descuento a los trabajadores que se deposita en una cuenta de retiro, pero sin obligación de pago de parte del empleador de una indemnización por despido sin causa; así como impulsaría una reforma previsional para recortar gasto en jubilaciones y la posible privatización de esta protección social. Se agrega según el programa de gobierno difundido, la eliminación del salario mínimo de referencia y de programas sociales, y la reducción de ministerios, entre ellos de Trabajo, Desarrollo Social, Salud, y Educación.

Sobre el rol de los Estados en el mercado laboral, desde Cepal destacaron “el papel del salario mínimo que complementa otras políticas como la negociación colectiva”, y también “el rol de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, principales entidades responsables y ejecutoras de programas en esta materia”. Finalmente mencionaron que “es clave reconocer a los trabajos de cuidados no solo como un sector dinamizador de la economía, sino como un posible eje para reorganizar las sociedades bajo los principios de igualdad de género” así como “fortalecer la institucionalidad laboral, con un conjunto de disposiciones legales vinculadas a la garantía de derechos y condiciones en que se realiza el trabajo”.